Es falso que la mitad de los elementos de seguridad privada que fueron detenidos en el caso de La Laborcilla, por su presunta participación en la muerte de un joven, y lesiones a otro, hayan obtenido su libertad, así lo aseguró el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Septién Olivares.
Explicó que al haber sido detenidos por la portación ilegal de armas —un delito del fuero federal—, deberán llevar su procedimiento penal al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso), al menos, nueve meses, contrario a lo afirmado por la parte de la representación legal de los habitantes del ejido La Laborcilla, ubicado en el municipio de El Marqués.
“Siguen bajo proceso penal porque como es un delito federal no tienen derecho a salir bajo fianza hasta que acaben su proceso penal, aquí el juez dispone de nueve meses para dictar su sentencia y ellos apenas llevan cerca de tres meses; habrá que esperar a que se tomen todas las pruebas ofrecidas por ellos”, detalló Septién Olivares.
Y es que el pasado 26 de septiembre, la representación de los habitantes de La Laborcilla, acusaron la dilación en este procedimiento judicial, en el que aseguraron que 15 de los 33 detenidos originalmente, ya habían sido liberados por no haber tenido nada participación en la muerte y lesiones de los jóvenes, en los sucesos del día 11 de junio.
En un documento difundido por los inconformes se indica que “hechos de los que resultaron más de 30 detenidos y que hoy han obtenido su libertad varios de ellos en razón de que no participaron directamente disparando a las víctimas, sino que solo venían a golpear y así lo hicieron”.
Continúa explicando que “aun cuando las autoridades investigadoras y el juez penal tienen videos donde se pueden escuchar varias detonaciones de arma de fuego, es decir, los auténticos responsables están libres”.
Sobre este mismo caso, el presidente municipal de la demarcación, Enrique Vega Carriles, solicitó al gobierno que participe en la búsqueda de las escrituras catastrales de los predios en disputa con lo que se espera dar conclusión al tema, en su aspecto administrativo.
Contexto
El pasado 11 de junio, un grupo armado de seguridad privada, originario de Jalisco, entró en el ejido La Laborcilla, ubicado en el municipio de El Marqués, que desde hace varios años ha estado en disputa entre empresas privadas y ejidatarios, con una supuesta orden de desalojo a la que los habitantes del lugar se resistieron.
Este hecho provocó una intensa riña en la que fueron detonadas armas de fuego que costaron la vida a un joven de 18 años de edad, y causaron serias lesiones a otro más.
