‘Los detenidos hacen de todo para evitar sanción’

“Soy hijo de fulanito de tal… no sabes con quién te metes… trabajo en el gobierno con no sabes quién”; aseguran que la pena se aplica a todos, sin distinción de rangos.
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(FOTO: ARCHIVO EL UNIVERSAL)
31/07/2017
03:57
Paulina Rosales
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Faltan 30 minutos para la medianoche del viernes y un hombre con un impermeable se para en medio de la avenida Constituyentes, espera en medio de la calle con linterna en mano, hasta que unas luces rojas y blancas se dirigen hacia él.

Es un autobús de pasajeros que aplica el programa Tómate la Vida en Serio. Durante tres noches seguidas, el mismo vehículo se instala en las calles y avenidas más transitadas para detener a quienes conducen en estado de ebriedad. El objetivo: evitar accidentes de tránsito a causa del alcohol.

La instalación del retén es rápida, unos 20 minutos. Los vehículos en hilera van pasando uno por uno para ser examinados.

“Vamos a ver lo que es el despliegue del operativo de alcoholimetría. Iniciamos con una prueba cualitativa en la zona de filtro de control, donde se hace un embudo y se reduce la velocidad de los vehículos y le sigue un protocolo refiriéndoles que están dentro del programa y se les va aplicar una prueba para saber si hay presencia de alcohol en sus alveolos pulmonares”, dice Manuel Velázquez Pegueros, secretario de Gobierno del municipio.

En cada operativo, según las autoridades capitalinas, participan alrededor de 100 personas. Cada noche se instalan cuatro puntos en las avenidas más grandes y en un mes se hará la inversión de un millón 200 mil pesos para instalar un nuevo punto.

De esta forma prosigue la revisión de los coches. Los oficiales detienen a los vehículos de forma aleatoria. “Está participando en un despliegue del operativo Tómate la Vida en Serio, sople aquí por favor para una prueba de alcoholimetría”, repiten a los conductores, que soplan en una de las pipetas… entonces entre la hilera de vehículos aparece uno de los primeros detenidos.

Un vehículo negro se orilla a petición de los oficiales. El conductor es un chico moreno y alto que conduce el automóvil de su empresa. Mala noticia… el primer resultado dio positivo… para mala suerte del conductor, los reflectores están alrededor suyo, mientras se dirige al autobús para pasar las pruebas subsecuentes que determinarán su destino en esta noche: pasar las siguientes horas en los juzgados o regresar a su domicilio.

Mientras el chico se espera en una de las bancas, dos jueces en un escritorio hacen anotaciones sobre los detenidos.

Mientras tanto, un hombre de unos 30 años está enfrente de uno de los jueces. “Yo les digo que ando bien”, advierte el acusado, en espera de su sentencia, mientras trata de resignarse; sabe que le espera esta noche una estancia en El Torito.

A su lado está Guillermina Sotelo Morales, la juez defensora que aboga para que los inculpados obtengan la pena mínima posible, además de que asegura, protege el estado del vehículo, que puede salvarse del corralón.

“La función del operativo es cuidar vidas, las más que se pueda”, menciona desde una esquina.

Las multas y horas en El Torito varían dependiendo de la cantidad de alcohol en la sangre. La sanción más alta es el arresto inconmutable de 25 a 36 horas; si se registran más de 0.65 miligramos, los detenidos son llevados a la Fiscalía General del estado para someterse a un proceso penal.

Para salvarse de las cuantiosas multas, los detenidos hacen de todo, dice uno de los oficiales que señala, ha visto pasar desde llantos, golpes y los típicos “charolazos”... el “soy hijo de fulanito de tal… no sabes con quién te metes… trabajo en el gobierno con no sabes quién”, sin embargo, asegura que la pena se aplica a todos, sin distinción de rangos.

Además de los charolazos, como un intento de evadir la estancia en El Torito, está la presentación de los amparos. Desde el inicio del operativo, en febrero de 2016, se han presentado alrededor de 20 y 30 procesos del tipo. Ninguno procedente. El argumento principal, según las autoridades capitalinas, es que la protección de la vida es una cuestión de seguridad pública.

La madrugada avanza y los primeros detenidos son custodiados hasta una patrulla que los dirigirá a Epigmenio González, delegación donde se encuentran los juzgados cívicos del Torito. Uno de ellos es el chico que viajaba en el automóvil de su empresa, me temo por su expresión en el rostro, los problemas con la justicia no serán su principal preocupación en las siguientes horas.

Después de algunos minutos llega un nuevo detenido. Es una chica de unos 20 años y la escena no es agradable. Uno de sus amigos es detenido por uno de los oficiales, mientras grita para que la suelten. La chica trata de zafarse del operativo con sus brazos y forcejea, sin embargo, termina por subir las escaleras del autobús para que determinen su sentencia.

Su “mal comportamiento”, de acuerdo con uno de los oficiales que observa la escena desde lejos, provocará que aumente la pena. La chica firma a regañadientes un documento, mientras se queja del mal trato y alega su inocencia.

Finalmente desciende del autobús y es esposada. Al ver lo inevitable, rompe en llanto, mientras la escoltan dos oficiales.

Ella será la última detenida de la noche y detrás del vehículo se marchará el operativo a causa de la lluvia. El programa se acaba cerca de las dos de la mañana y el saldo de ese fin de semana son 21 personas remitidas al Juzgado Cívico: 10 hombres y dos mujeres.

De acuerdo con las autoridades municipales, a poco más de un año de su implementación, 47 mil 486 pruebas han sido aplicadas en el operativo del Torito y unas 3 mil 800 personas han caído en los separos; sin embargo, al cierre de esta edición el monto del dinero recabado por este operativo —y que de acuerdo a las autoridades municipales se utilizará en la construcción de un juzgado para mujeres— no fue proporcionado por las autoridades.

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