Hace poco más de ocho años, Sergio decidió comprar una casa en Querétaro para su familia con la ilusión de construir un patrimonio donde pudiera echar a andar su propio negocio. Después de indagar entre la amplia oferta de casas, dio con Homex, una inmobiliaria en plena expansión que prometía a sus millones de clientes de todo México “seguridad, bienestar y calidad de vida”.
Sin embargo, en 2014, la empresa se declaró en bancarrota, dejando a millones de familias en el desamparo. Sólo en el fraccionamiento Hacienda Santa Rosa, en el norte de la capital queretana, tres mil 600 familias quedaron en la indefensión y con múltiples problemas: carencia de alumbrado público, drenaje, agua potable y espacios públicos sin mantenimiento. La empresa ya no se hizo responsable de sus obligaciones, y las viviendas —que además presentaban defectos de construcción— comenzaron a ser abandonadas. Ante esas condiciones, a la gente no le importó perder su crédito.
Un breve recorrido realizado por EL UNIVERSAL Querétaro, revela decenas de casas abandonadas, saqueadas, llenas de basura, muchas de ellas ya sin ventanas, ni puertas, sin cableados ni accesorios. El olor a orina y a heces fecales llega de golpe a las fosas nasales apenas ponemos un pie dentro del cascarón que ha quedado de lo que alguna vez fueron viviendas habitadas.
Mientras tanto, en los exteriores, los jardines frontales se encuentran yertos, sin flor alguna, con la vegetación seca y amarillenta. Afuera de una de las viviendas, donde debería hallarse un auto estacionado, un par de sofás y colchones tirados y arruinados por la intemperie, revelan el paso de sus antiguos residentes.
A pocas cuadras de haber entrado al fraccionamiento hay un amplio terreno enrejado con la puerta abierta en su totalidad, y una cartulina con la siguiente advertencia: “Rata, si te agarro robando te linchamos”.
El lugar parece una zona de guerra, como si un huracán o un terremoto hubieran pasado. En el piso hay decenas de hojas con membretes del Infonavit, letreros de Homex, cascos amarillos de seguridad regados por todo el terreno, bultos de cemento deteriorados y tabiques rotos, partes de muebles de oficina y hasta el esqueleto de una camioneta. Son los vestigios que el abandono y la rapiña dejaron en este fraccionamiento ubicado en Montenegro, comunidad perteneciente a la localidad de Santa Rosa Jáuregui, una zona que hasta antes del año 2000 tenía una fuerte vocación agrícola y estaba repleta de sembradíos de maíz.
“Es una característica de este tipo de problemáticas: toma de casas por personas ajenas, ladrones, saqueadores y mafias”, dice Sergio, quien funge como portavoz de los vecinos. Una vez que empresas como ésta abandonan los proyectos, los dueños se van y llega la invasión y el robo. Sólo en 2015 se fueron mil 300 familias. En el último censo de la CEA se reporta que actualmente hay mil 770 casas habitadas", agrega.
Por su parte Miguel, colono también desde hace 8 años, narra que en plena luz del día hay saqueos: “Simulan que es una mudanza. Llega una señora y niños en una camioneta y empiezan a sacar las cosas. Por la tarde ves llegar al dueño preguntando por sus cosas. A la casa de mi hermano, en pleno día, llegaron y sacaron todo (…) A la gente nos da miedo, si alguien roba y lo vemos y no es nuestra casa, no decimos nada para no meternos en problemas. Si al delincuente lo atrapan y lo llevan al Ministerio Público, la mayoría de las veces no hay quien presente cargos, por lo que después de unas horas de arresto es liberado”.
Miguel agrega que uno de los principales problemas es la falta de agua potable. El líquido sólo les fue suministrado por un año; es decir, desde hace siete años cada colono tiene que comprar agua a través de pipas, que entran y salen del fraccionamiento de forma continua como se pudo constatar.
“El agua la tuvimos unos meses, pero como el fraccionamiento no está liberado y tiene una deuda de miles de pesos, el agua no nos la surten, ya hasta se robaron las bombas de agua. “Llenar un tinaco con una pipa te sale en 100 pesos, y para una familia de tres o cuatro dura semana y media. El drenaje es malo, si te asomas las aguas negras se alcanzan a ver, anteriormente no se salía el agua por las coladeras, pero ahora ya está tapado el drenaje”, expresa.
En el tema de la luz, dice que las casas sí cuentan con el servicio, lo que no hay y nunca existió fue el alumbrado público. Miguel asegura que la CFE les ha dicho que no se hace responsable del servicio de alumbrado público porque el fraccionamiento no fue entregado a la administración municipal. “Las luminarias están de adorno”, destaca.
La historia de un fraude
Sergio nos muestra un altero de papeles que ha ido acumulando desde 2015, cuando asumió la responsabilidad de encarar a la empresa y hacerla responder a todos los reclamos y exigencias de los colonos.
Con el plano del fraccionamiento, “Hacienda Santa Rosa” abierto, Sergio apunta con el dedo el lugar exacto donde nos encontramos parados, y luego señala las otras etapas del proyecto que fueron construidas a partir de 2008, haciendo especial hincapié en las que se dejaron inconclusas y en la localización de los pozos que abastecerían a toda la población.
En seguida muestra una hoja emitida por la Comisión Estatal de Agua (CEA), fechada el 21 de febrero de 2009 y en donde se indica, con base en un análisis previo de la infraestructura del espacio, que Homex sólo puede prestar servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial a dos mil 485 viviendas. “Aquí le están diciendo (a Homex) ‘no hay agua para todos. ¿Qué vas a hacer?´”, espeta Sergio con tono severo y agrega que de los cuatro pozos ubicados en el mapa, dos no existen y los otros pertenecen a Juan Manuel Cabrera Santobeña, a quien nunca se le pagaron los derechos. “Homex publicó que tenía derecho a los dos pozos, pero no le pagó a este señor. Hubo un litigio y el juez le regresó los derechos al dueño, y chínguense las tres mil 600 familias que había aquí”, dice moviendo la cabeza en señal de desaprobación.
En 2014, cuando el fraccionamiento comenzó a tener desabasto de agua, los colonos metieron una apelación a la Suprema Corte de Justicia, pero esta instancia dijo que no había pruebas y resolvió a favor de la empresa.
Sin embargo, Sergio señala que “el dictamen de la CEA sí es una prueba; una persona ajena a nosotros que tiene el carácter de decir ‘éste fraccionamiento no tiene pozos’. Por esta razón yo empecé con las indagaciones en octubre de 2015, cuando me di cuenta de que la demanda que metieron los colonos en contra de Homex era un fracaso desde todos los sentidos: sin pruebas y sin delimitar el delito, además lo hicieron penal y era civil, y pues obviamente perdimos”, subraya.
Como portavoz de sus vecinos, Sergio se ha reunido con los representantes del gobierno municipal, Infonavit y la CEA, y aunque ha intentado dialogar con Homex, asegura que representantes de la empresa sólo se han presentado para amenazarlo.
A causa del desabasto de agua, y todas las otras problemáticas que se han desencadenado en el fraccionamiento, cada ocho días Sergio reúne a los vecinos para planear y generar acuerdos sobre las acciones colectivas a implementarse, sin embargo, cada vez son menos los que se reúnen pues con el tiempo muchas familias se han cansado; otras han preferido desistir, abandonando, gradualmente, sus créditos y sus viviendas. La solución, admite Sergio, no se ve pronta.
