Estado con gran retraso jurídico, dice activista

Legisladores no deben trabajar bajo prejuicios personales: Ddeser Querétaro

Estado con gran retraso jurídico, dice activista
Foto: Archivo. EL UNIVERSAL
Especiales 12/10/2018 06:11 Donna Oliveros Actualizada 10:59

Junto con Guanajuato, Querétaro es el estado que presenta más retrasos jurídicos en el tema del aborto y donde más se criminaliza a las mujeres por decidir sobre sus cuerpos, asegura Lluvia Cervantes, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en la entidad.

De acuerdo con Cervantes, en Querétaro las mujeres pueden abortar legalmente sólo si el embarazo es producto de una violación o ha sido causado accidentalmente. Sin embargo, lamenta que las instituciones encargadas de proporcionar este servicio en la entidad, no difundan estas causales, por lo que muchas mujeres no saben siquiera que pueden abortar legalmente en Querétaro si su embarazo es producto de una violación.

“No hay una campaña de la Secretaría de Salud que esté promoviendo el aborto como un derecho (...) Las organizaciones de la sociedad civil somos quienes estamos haciendo el trabajo que compete a las autoridades”, manifiesta la coordinadora de Ddeser Querétaro, una organización que desde 2009 se dedica a promover y defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la entidad, así como el acceso al aborto legal a través de la formación de mujeres y jóvenes líderes en temas relacionados con la educación integral para las sexualidades, violencia de género, embarazo adolescente y diversidad familiar y sexual, entre otros.

Cervantes afirma que desde el 24 de abril de 2007, cuando se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de embarazo en la Ciudad de México, 201 mil 391 usuarias han solicitado la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). De ese total, 531 mujeres provenientes de la entidad han acudido a sus clínicas, lo que coloca a Querétaro en el séptimo lugar a nivel nacional en usuarias atendidas a través de los servicios de la ILE.

Argumenta que en el estado no se cuenta con estadísticas sobre el acceso a este servicio, y hasta la fecha, la Secretaría de Salud sólo ha reportado que entre 2012 y 2016, en Querétaro se practicó sólo un aborto bajo la causal de violación a una menor.

Además de subrayar la falta de promoción de los derechos de las mujeres por parte de las instituciones encargadas de hacerlos efectivos, Lluvia señala que los mitos que rodean a esta práctica, así como la violencia hacia las mujeres, impide que muchas denuncien y soliciten este servicio.

Señala que pese a la postura de los grupos auto proclamados pro vida, que sostienen sus argumentos sobre bases religiosas, “el 80% de las usuarias declaran ser católicas, entonces ahí se vuelve a confrontar esos discursos rígidos y prohibitivos de ciertas altas jerarquías de esta religión”, así como la creencia de la reincidencia, sin embargo, “sólo el 1% de las mujeres que ya han abortado, vuelven a solicitar el servicio”, asegura.

Criminalización.

Hasta el día de hoy, la coordinadora de Ddeser Querétaro asegura que 33 mujeres han sido criminalizadas en la entidad por abortar de manera clandestina. “No sabemos el estatus de cómo van esos procesos: si hay sentencia, si están en la cárcel o bajo caución”, lamenta, y asegura que estas acciones legales se han realizado en detrimento de sus derechos, y pese a que México se ha suscrito al menos a cinco tratados internacionales que lo obligan a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo el acceso a un aborto legal y seguro.

“En esta nueva legislatura todavía hay una mayoría que tiene una mirada conservadora; los legisladores no deben trabajar con base en sus prejuicios personales, sino con base en marcos legislativos”, expresa

Destaca que aunque ciertas miradas progresistas han tratado de realizar una reconfiguración sobre el tema, “me parece que aún no existen las condiciones para lograr la despenalización del aborto en Querétaro”.

Cervantes asegura que las instituciones deben fortalecer la educación en sexualidad, y garantizar el acceso gratuito a métodos anticonceptivos en las clínicas públicas, donde se han detectado casos de desabasto. Bajo este contexto no se puede centrar el problema en “la mera voluntad de la persona por no cuidarse”, dice.

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