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El último trimestre del año que agoniza trajo consigo una lucha de poder entre los principales organismos deportivos del país; la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el Comité Olímpico Mexicano (COM), representado por las federaciones.
Aunque la relación entre ambos parecía armoniosa tras la llegada de Alfredo Castillo en abril, las diferencias surgidas apenas unas semanas después terminaron por provocar un efecto dominó, cuyas consecuencias pusieron en peligro la participación nacional en la justa veraniega en Río de Janeiro.
A menos de ocho meses del banderazo de salida de los Juegos Olímpicos, Castillo comenzó a pedir cuentas claras a las asociaciones civiles al detectar falta de comprobación en los recursos otorgados, además de gastos onerosos.
Federaciones como la de tiro con arco, atletismo, beisbol y boxeo fueron las primeras en ser señaladas. Además, el dirigente desconoció a otras como la de lucha y frontón, las cuales dijo, no cumplían con los requisitos de registro.
“No vamos a regalar el dinero, los mercenarios sólo aluden al chantaje. Prácticamente hemos regalado 36 mil millones de pesos en los recientes ocho años. Tenemos federativos ricos y atletas pobres. ¿Y los resultados?”, dijo Castillo.
La réplica llegó y los federativos acusaron al mandamás del deporte nacional de no apoyar a los atletas en campamentos de preparación, además de argumentar que sus cuentas estaban en orden.
“Exhorto a un debate público con cualquiera de los presidentes de federación para que demuestre las pruebas que tiene en nuestra contra, lo invito a un debate cara a cara. Nosotros no tenemos la facilidad para utilizar el aparato gubernamental o mover gente de la PGR como él”, argumentó Ricardo Contreras, de la Federación de Boxeo.
El problema llegó hasta el escritorio de Thomas Bach, titular del Comité Olímpico Internacional (COI), quien mediante una carta dirigida a la Secretaría de Educación Pública (SEP) instó a las autoridades federales a respetar la autonomía de las federaciones deportivas.
El problema creció tanto, que se manejó la posibilidad de que México fuera desafiliado y por tanto, los atletas participarían en los JO con la bandera del COI, algo que nunca ha sucedido en el país.
Pese a la advertencia, Castillo mantuvo su política de transparencia e incluso logró que Contreras y Alonso Pérez, de la Federación de Beisbol, fueran citados en la Procuraduría General de la República.
Una de las principales víctimas de las confrontación fue el baloncesto, que se encuentra actualmente desafiliado de la Federación Internacional de la especialidad (FIBA).
De no levantarse la sanción, la Selección Nacional no podra participar en el torneo preolímpico.
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, finalmente respaldó las acciones de Castillo y envió la respuesta al COI.
En dicha misiva, el político aseguró que no existía injerencia gubernamental y que la Conade respetaría a las asociaciones civiles.
Al final, tanto las federaciones como la Conade terminaron por ceder. En lo que se denominó un acuerdo de voluntades, las asociaciones civiles se comprometieron a buscar su autonomía financiera mientras que la institución rectora del deporte nacional prometió no inmiscuirse en su autonomía.
En enero, Castillo y Carlos Padilla, titular del COM, se reunirán para acordar la forma en la que apoyarán a las federaciones rumbo a los Río de Janeiro 2016.
