La defensa de Andrés Manuel López Obrador de Félix Salgado Macedonio es inadmisible e inmoral. Un país en el que la “normalización” de la violencia hacia las mujeres se realiza de forma continua y sistemática, donde el 88.4% que son agredidas no presentan denuncias por temor a las consecuencias y por la desconfianza a las instituciones y autoridades, caracterizadas por el alto nivel de corrupción e impunidad. Resulta un agravio postular a la gubernatura de Guerrero a un personaje sobre el que pesan tres acusaciones por presunta violación y abuso sexual; dos denuncias ante la Fiscalía del Estado de Guerrero y otra ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros siete meses de 2020, fueron asesinadas 2,240 mujeres, cantidad que representa un aumento del 3.1% en comparación con 2019. De los cuales, 1,674 casos fueron homicidios dolosos y 566 feminicidios. En el caso de Guerrero, el año pasado se registraron 350 violaciones, un promedio de 29 por mes. Número que refleja solamente las denuncias realizadas ante la Fiscalía. Adicionalmente, se realizaron 78 llamadas al 911 para pedir auxilio por violaciones, 56 por abuso sexual y 180 por hostigamiento o acoso.
Cuando el Ejecutivo Federal afirma que la guerra de descalificación a Salgado Macedonio responde a tiempos electorales en los que la oposición utiliza mecanismos de cualquier tipo para disminuir el nivel de influencia de sus contrincantes, ignora que el problema de la violencia hacia las mujeres, históricamente ha tenido resultados prácticamente nulos en el terreno de la justicia. Precisamente, el movimiento del “Me too”, surgió como una alternativa para visibilizar el abuso, acoso y violencia contra las mujeres que las autoridades de justicia se niegan a reconocer.
Por ello, argumentar la defensa de Félix Salgado Macedonio, apelando al hecho de que no existe una sentencia que lo declare culpable o inocente, constituye una afrenta para las mujeres de este país para quienes la justicia ha sido prácticamente cancelada. Si no tiene sentencia, es porque ha gozado desde hace muchos años de fuero por los cargos ocupados y por la cadena de complicidades que lo protegen de las denuncias penales en su contra.
Recurrir al derecho a la presunción de inocencia, sin detener la candidatura, que por la simple sospecha tendría que suspenderse mientras se lleva a cabo el debido proceso, resulta un argumento perverso cuando lo que está en juego es una denuncia por presunta violación y abuso sexual. Justamente porque cuando una mujer denuncia este tipo de delitos, su voz no tiene validez y las autoridades no le creen.
Por esta razón, entre muchas otras, el “ya Chole” de Andrés Manuel López Obrador, está fuera de lugar. Al final, lo convierte en cómplice de no escuchar a las mujeres. Mientras no entienda la dimensión problemática de la violencia de género y el papel del feminismo en la defensa de los derechos, la cuarta transformación será inviable.
