El viernes de la semana pasada se presentó el primer caso de la variante ómicron en México. Ello conlleva un nuevo reto tanto para las autoridades, como para la población en general, ya que se deberán reforzar las medidas de protección de cara a las fiestas decembrinas.

Como lo queramos ver, la nueva variante de este mortal virus debe prender los focos de alerta en nuestro país y en el mundo. El distanciamiento social, como medida para evitar la propagación del virus, ha sido efectiva, pero también ha traído graves consecuencias.

Nadie que yo conozca desea volver al encierro del año pasado.

Por ello, no podemos relajar las medidas sanitarias ni mucho menos desestimar los efectos que esta nueva cepa puede provocar. Por el contrario, es tiempo de reforzar los protocolos de seguridad y ejecutar una estrategia integral de combate a la enfermedad y a sus repercusiones.

La realidad es que el gobierno federal se ha quedado corto en el combate al Covid-19. Ha llevado las cosas, por así decirlo, “al ahí se va”; cuando en otros países se han ejecutado acciones concretas y certeras que han dado resultados y detenido la propagación del virus.

Frente a la nueva cepa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda reforzar las medidas de prevención y distanciamiento, así como acelerar el proceso de vacunación. Sobre este último punto, el presidente de la república ha anunciado que se está preparando una tercera dosis de vacunación para mayores de 40 años; sin embargo, no ha mencionado nada al respecto a un sector de la población que sigue pendiente de la primera dosis: me refiero a la niñez.

¿Qué pasará con los millones de niñas, niños y adolescentes que no han sido vacunados? ¿Cuándo se las aplicará?

De acuerdo con la OMS, la nueva cepa es más contagiosa y afecta crucialmente a los menores de edad, con lo que la urgencia de aplicar las vacunas a los sectores más jóvenes es un tema de prioridad nacional.

Ello es más latente en la antesala del regreso a clases presenciales, el cual es fundamental para la salud mental de los pequeños y la vida armónica en familia.

De acuerdo con información que circula en medios de comunicación, existe una marcada disparidad entre el regreso a escuelas privadas frente a públicas, 87% frente a  13%, respectivamente. Hoy, miles de padres y madres de familia deben dejar en casa a sus menores, en el mejor de los casos bajo el cuidado de algún familiar, a fin de cumplir con sus actividades laborales, lo cual es inaceptable.

Pero más inaceptable es que existan padres y madres de familia que han tenido que acudir al juicio de amparo para conseguir la vacuna para sus hijas e hijos; cuando ello es un derecho universal que debe ser garantizado y respetado por todas las autoridades.

En este sentido, es urgente que el gobierno federal ponga manos a la obra en la vacunación para menores de edad, especialmente ante la llegada de la cepa ómicron a nuestro país. Ello debe hacerse con prontitud y eficacia, pues si no, condenaremos a nuestros pequeños a vivir otro año más en  aislamiento, con todas las consecuencias sociales y psicológicas que  puede provocar.