En un contexto de violencia generalizada y extrema como el que vivimos, se da un lugar predominante a los casos y a las cifras de homicidios. Sin embargo, en la avalancha, se pierden muchas tragedias. Ha sido el caso de los secuestros, que continúan siendo un crimen que azota y lastima enormemente al país, tanto por las dimensiones del fenómeno como por sus características.
Desde que inició el registro de casos de secuestro, en 1997, se pueden identificar tres tendencias: la primera se define por un decremento sistemático de casos hasta llegar a 278 en 2005. La segunda implicó un aumento de casos hasta llegar a mil 683 en 2013. Y, finalmente, la tercera tendencia, que podríamos definir como de incremento consistente arriba de los mil casos anuales, desde 2016. Durante el actual gobierno ya se superó la cifra de secuestros de todo el sexenio pasado. De diciembre de 2012 a marzo de 2018, se contabilizaron 6 mil 805 casos, mientras que en todo el periodo de Felipe Calderón hubo 6 mil 520. Sin embargo, la tragedia es mucho mayor, pues la cifra negra, los casos que nunca se denuncian, es muy alta por el miedo que tiene la familia de que quien está secuestrado pierda la vida y por la desconfianza que existe en nuestras instituciones de seguridad y justicia.
Es importante subrayar que hablamos de “casos”, porque en uno de ellos puede haber más de una víctima. Seres humanos que han sido separados de su entorno familiar, humillados, vejados, torturados física y psicológicamente. No hay cifras que puedan dar cuenta del dolor que un secuestro deja.
Hace tiempo que el tema dejó de ser un riesgo “de ricos”. El secuestro se ha extendido y arraigado como un crimen que se comete contra todo tipo de personas. La impunidad que campea a sus anchas por todo el país ha vuelto redituable este “negocio”, reflejo, ante todo, de la descomposición institucional y social de nuestro país.
Frente al miedo que el secuestro provoca, tenemos dos opciones: permanecer callados o exigir las inaplazables transformaciones que requieren nuestras policías, nuestros ministerios públicos y nuestro sistema judicial.
La Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) ha realizado una importante labor para el desarrollo de unidades antisecuestro en todo el país, pero obviamente los resultados se encuentran muy lejos de que lo que se necesita para realmente prevenir y castigar este delito. La propia Conase ha señalado que existen “entidades donde se han detectado casos de subejercicio o bien reprogramación de recursos para otros objetivos, lo cual no ha permitido obtener los resultados deseados”. Resulta indignante. Debe transparentarse cuáles son estas entidades, exigirles a esos gobernadores que cumplan con su deber más elemental de cuidar a los ciudadanos y considerar sanciones de toda índole para quienes no merecen los puestos y las responsabilidades que detentan. Deben, asimismo, transparentarse los casos que logran llevarse a juicio y el resultado final en sentencias condenatorias, porque en la mayoría de las páginas de internet de las procuradurías y tribunales de justicia no se puede encontrar el dato. Tampoco la Conase tiene disponible en línea los informes que por ley debe hacer sobre la supervisión de las unidades antisecuestro de las entidades federativas.
Ahora que estamos en temporada de promesas, bien harían los candidatos en hacer propuestas de transparencia y de reforma que nos permitieran albergar al menos la esperanza de que las cosas podrán mejorar algún día. (Colaboró Carlos Treviño Vives, investigador de Causa en Común).
