28 / septiembre / 2021 | 17:06 hrs.

¿Y el pueblo bueno y sabio?

Gustavo Mendoza Ávila

Acostumbrado a que se haga lo que a él se le ocurre, el presidente decretó que a finales de agosto los niños y jóvenes volverán a clase porque no hay nada que lo impida, pese a que a principio de junio los estados que iniciaron clases presenciales tuvieron que suspenderlas, el 21 de junio, por el número de contagios entre los niños; y estamos ante el repunte de lo que oficialmente se denomina la tercera ola.

Todos sabemos que, pese a que el gobierno afirme lo contrario, este año lectivo y posiblemente el siguiente también, están perdidos porque no estamos preparados para una contingencia de esta magnitud; porque carecemos de la infraestructura pública para llevar las clases a todos los hogares; porque la situación económica imposibilita que los hijos cuenten con la tecnología necesaria para tomar clases -o para impartirlas, en el caso de los maestros-; que los maestros no están capacitados en ellas y, por lo mismo -y contra su voluntad-, la calidad de su enseñanza dista mucho de lo que se requiere, etc.

Desde ya se requieren soluciones extraordinarias a los problemas que presentará, en el corto plazo, el deficiente nivel educativo de los alumnos que no pudieron ingresar regularmente a clases; y el de los más de 5 millones de alumnos que –obligados por las circunstancias- abandonaron el sistema escolarizado y se reincorporarán a él cuando haya las condiciones. Omitirlas sería cancelar su futuro.

Para elevar la competitividad educativa, se requiere, por el bien de la nación, invertir en equipos y dotar de ellos a las familias menos pudientes para ayudarles a resolver el futuro de sus hijos. Si en lugar de gastar 500 millones en una consulta inútil se hubiera invertido en equipo y capacitación, otra realidad estarían viviendo muchos pobres, los que supuestamente son primero.

Somos conscientes de que el futuro de nuestro país depende de la educación nuestros hijos y de las generaciones futuras. Invertir en ello es garantizar un mejor país. Sin embargo, para que el regreso a las aulas sea posible se requiere que este gobierno deje de ser irresponsable en el manejo de la pandemia; que se destituya al omiso e insensible “doctor muerte” Hugo López Gatell que, pudiendo evitar que muchos mexicanos murieran, no lo hizo.

Ni este gobierno autócrata, ni ningún gobierno demócrata, puede suplantar la responsabilidad de los padres de cuidar y educar a sus hijos. Son ellos los que deciden cuándo existen las condiciones para que sus hijos acudan -seguros y sin riesgos- a clases, ya que ni Andrés Manuel ni ninguno de sus “floreros” asumirían responsabilidad alguna ante el contagio o la muerte de niños (pocos o muchos); se lavarían las manos con su trillado argumento de que es responsabilidad de cada quien cuidarse.

A pesar de que el presidente no escucha ni a sus cercanos, es responsabilidad de ellos insistir y aconsejarlo para que no cometa errores como decir que no habrá problemas de contagios que pongan a los niños en riesgo, porque está demostrado que la pandemia afecta más a las personas mayores.

Cuando un “influencer” se metió con el primer niño de la nación, sus padres –no los servidores públicos- le exigieron respeto. Hoy los padres de familia le piden los mismo: reciprocidad y congruencia: “su palabra no es ley”, respondieron, cuando insistió en ir adelante con su decisión, pese a la oposición de la mayoría. Habrá clases cuando haya condiciones adecuadas, antes, no. O qué ¿ya no hay pueblo bueno y sabio?

Comentarios