El pasado 4 de octubre se cumplieron 65 años de que fue puesto en órbita el primer satélite artificial desarrollado por la mano y mente humanas, el Sputnik I; con apenas 85 kg de peso y dos frecuencias de transmisión de datos, enviaba a la estación terrena información de telemetría que buscaba entender con mayor detalle las condiciones del espacio exterior para preparar así nuevas misiones en la carrera, entre los Estados Unidos de América (USA) y la hoy extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), por la “conquista” del espacio que se iniciaba con este gran hito.
En un primer esfuerzo, ampliamente esperado por muchos connacionales, la creación de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) en el 2010, ha venido a detonar actividades que orientan los esfuerzos para que México cuente con política espacial, a través de un mapa de ruta llamado Plan de Órbita 2.0. En dicho programa de actividades espaciales de nuestro país se han planteado cuatro ejes temáticos que permiten abordar, en el ámbito de las capacidades de nuestro país, los retos: Innovación, oportunidades para la industria y servicios convergentes; autodeterminación de actividades espaciales y cooperación para el fortalecimiento del sector en nuestro país; impulso a la cadena de valor del sector y al desarrollo industrial y, fomento al acceso digital y al desarrollo de aplicaciones y soluciones (extraído del Plan de Órbita, SCIT).
Sin embargo, los esfuerzos de la AEM no son suficientes, si no se cuentan con instrumentos de política pública que permitan respaldar, con recursos, aquellas estrategias innovadoras que faciliten a empresas y organizaciones educativas y de investigación mexicanas el desarrollo de soluciones alineadas a las estrategias del Plan de Órbita.
En este sentido, recientemente fui invitado como presidente del Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial, a respaldar una iniciativa de reforma constitucional a unos párrafos de los artículos 28 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de regulación de las actividades del espacio ultraterrestre (“… aquel de interés internacional situado más allá del espacio aéreo cuyo exploración y utilización, incluso la luna y otros cuerpos celestes, está sometida a un régimen jurídico fundado en los principios de libertad e igualdad de uso…”, según la RAE).
La iniciativa lejos de tener algún tinte político particular es en extremo nacionalista, no por el hecho de homologar el léxico de nuestra constitución con el de la legislación internacional, sino porque detona la oportunidad de crear reglamentación secundaria que promueva el uso e involucramiento de diversos actores sociales, como instituciones y empresas, bajo la rectoría del estado mexicano, en actividades espaciales con fines pacíficos.
#DesdeCabina no se tiene el interés de señalar todo lo que falta -siempre habrá algo que se necesite desarrollar, hasta para los países más avanzados en estas materias-, más bien es la invitación a reflexionar sobre la oportunidad de aprovechar la experiencia, las ventajas de haber construido un camino en la industria aeronáutica de nuestro país, la cual ha traído tantos beneficios a diversas regiones de nuestro territorio nacional...
@Jorge_GVR
