En esta primer colaboración del 2019 #DesdeCabina, me gustaría haber podido enfocarme en ratificar los buenos deseos para mis amables lectores y sobre todo enumerar los proyectos y visibilidad para este año que recién inicia —cosa que haré en próximas colaboraciones—. Sin embargo, no puedo evitar el comentar esa sensación que muchos hemos experimentado los últimos días, como una mezcla de desinformación, desesperación y muina —diría mi abuela—, por decir lo menos; la incertidumbre sobre las múltiples actividades e impactos de las cuales depende un abasto oportuno de combustibles.
Sentirse seguro, cierto de aquello que nos permite satisfacer nuestras necesidades básicas, es sin duda alguna una sensación de bienestar claramente identificada por todos, saber que podremos atender nuestros compromisos, llegar al trabajo, recoger a nuestros hijos en la escuela, transportarnos sin mayor contratiempo que aquel relativo al tránsito excesivo o a eventualidades extraordinarias es imperativo para tener cierto nivel de paz interior tan necesarios en este mundo tan atribulado. Cuando ello se ve comprometido, muchas cosas se pueden salir de control y provocar una sensación de vulnerabilidad, incluso generalizada.
El que se implementen medidas para erradicar —o más bien reducir— el impacto nocivo de la extracción, transporte y venta ilegal de hidrocarburos en nuestro país sin duda que es una acción valiente, sumamente loable y de reconocer, sin embargo cuando dichas medidas no son transmitidas con efectividad al grueso de la población, cuando no se especifica claramente la o las estrategias que dicho programa o intervención pública van a tener en la vida de los ciudadanos, cuando no se describen con puntualidad cuáles serán los pasos, etapas, y sobre todo no se clarifica cuál será la acción legal consecuente que deberá dar origen a una política pública que busque retornar al estado de derecho que se espera de una sociedad ávida de él, entonces se generan dudas y sobre todo incertidumbre. Cualquier plan tiene inicio, desarrollo (el cual incluye normalmente análisis de riesgos, estrategias y acciones, hitos, temporalidad y recursos totalmente especificables) y un fin en el tiempo, al término del cual el problema público a intervenir es evaluado y si persiste se redefine un nuevo proyecto hasta alcanzar el estado deseado, el proceso idealmente es iterativo, pero finito y sobre todo claro en etapas, riesgos y recursos.
Es imperativo entender y asumir una actitud empática con la urgencia de las intervenciones y por supuesto que a los ciudadanos debe interesarnos no solo apoyarlas sino entender su lógica e impacto en la sociedad, sin embargo, insisto, cuando no se transmite información sobre un programa o plan, poco puede opinarse y peor aún se tiende a recurrir a la desinformación, la cual en muchas ocasiones difiere de las intenciones correctas y provoca percepciones equivocadas e incluso polarizaciones que dañan terriblemente a la sociedad en lo general.
Me gusta como ciudadano que los problemas torales del país se aborden de frente y de manera contundente, aplaudo que se asuman con responsabilidad las consecuencias de las acciones, sin embargo me entusiasmaría y comprometería más con tales acciones y programas si se comunicaran con oportunidad y se compartieran los posibles riesgos, los impactos y sobre todo los actos legales subsecuentes para contar con certezas en el despliegue y no con vulnerabilidades.
