El inicio de mi gestión como rector de la UAQ coincidió muy cercanamente con la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC) el 1 de enero de 1994, en ese contexto se identificaban diversos retos para nuestro país y para la educación que se impartía, así como para lo que debería suceder en este rubro y en otros también relevantes, fundamentales para lograr un mejor futuro para nuestra nación.  

Entre los tres países participantes del TLC, Estados Unidos, Canadá y México, se observaban grandes diferencias, considerando que México presentaba mayores rezagos, entre los que pueden mencionarse el económico, la educación, la inversión en investigación y desarrollo (producción científica, tecnología e innovación, patentes y certificados de invención), así como la infraestructura en general.

En ese año de 1994 se podía advertir que en el ámbito educativo el rezago de México era del orden de 30 veces en la capacidad educativa, comparativamente con los dos países socios del norte, y mayor el atraso en cuanto a capacidad de investigación. En diferentes eventos llegué a señalar que por cada peso que invertía nuestro país en investigación, los Estados Unidos destinaban cien, lo que a la fecha persiste.

Evidentemente, el TLC resultaba benéfico para los tres países y lo sigue siendo, permite competir de manera más favorable al conjunto de las tres naciones en el contexto global. Evidentemente, el TLC requería que México fortaleciera su capacidad competitiva en lo relativo a la producción de materias primas, servicios (educación entre muchos otros) y productos industriales, existiría competencia entre los tres países y también con las demás regiones del planeta.

Antes de asumir el cargo de rector, participé en diversos foros que analizaban el TLC que se pretendía suscribir, estuve convencido que era conveniente para México, pero también observaba los esfuerzos que se deberían llevar a cabo para alcanzar mayores beneficios. 

El éxito de nuestra participación en el TLC exigía que nuestros profesionistas estuvieran en condiciones de certificarse periódicamente de manera similar a lo que se tenía establecido en los Estados Unidos y Canadá. Un ingeniero civil, por ejemplo, debería tener el conocimiento y capacidad para ejercer su profesión en México y en los otros dos países, las empresas mexicanas concursarían por contratos en los otros dos países, pero también ocurriría a la inversa.

Recuerdo los esfuerzos del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro (CICQ), del cual he sido miembro desde hace más de tres décadas, así como de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles. Como miembro del CICQ participé en eventos locales y a nivel federal, en lo relativo al establecimiento de las certificaciones de los ingenieros civiles (lo cual implicaba establecer exámenes periódicos de conocimientos y competencias, de acuerdo a estándares internacionales, para evaluar a los colegas interesados en obtener su certificación), independientemente de la que otorga el título profesional emitido por la universidad correspondiente. 

El CICQ, desde hace varios años, convoca continuamente a la certificación de los ingenieros civiles. (Continuará)  

Ex Rector de la UAQ 
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