La política es impredecible. A principios del año 2000 hubiera sonado descabellado escuchar una historia en la que el PRI iba a ser derrotado ese año en la presidencial, que el PAN gobernaría 12 años y que inmediatamente en la primera elección estaría a punto de perder por un margen menor a un uno por ciento, que el candidato de la izquierda que perdió en el 2006 sería finalmente presidente en su tercer intento pero por un partido nuevo, que el PRI iba a regresar a Los Pinos en 2012 apenas una elección después de haber caído al tercer lugar y que su retorno al poder no duraría más que un sexenio. Hoy López Obrador y Morena querrán escribir una nueva historia para el 2019, 2021 y 2024, pero de desenlace igual de incierto.
El 1 de julio de 2018 quedará marcado en la historia política mexicana por la figura de quien llegó al poder y su proyecto confrontado con el status quo, así como por el hecho de que un partido con una antigüedad de apenas cuatro años haya logrado, en su primer intento, ganar la Presidencia de la mano del liderazgo de su fundador. Sin embargo, empieza a quedar claro que el proyecto de Morena no se agotó con la pasada contienda. Con el respaldo de una votación de más del 50 por ciento de los electores que acudieron a las urnas, un congreso donde es mayoría en ambas cámaras, así como en más de la mitad de las legislaturas locales, lo único que no tienen es la mayoría en los gobiernos estatales, donde cuentan con sólo cinco gobernadores, para lo que parece haber un plan b que permita ejercer control en los estados que no gobierna Morena, pero hacia donde intentará extender la ola que les dio la victoria hace dos semanas.
Con la creación de las súper delegaciones llamadas “Coordinaciones Estatales de Programas de Desarrollo”, generarán, más que estructuras paralelas, una dependencia concentradora que aplicará los recursos federales de manera directa, algunos que antes eran ejercidos por los municipios y gobiernos estatales. El argumento es sólido, la corrupción y el manejo irresponsable del dinero por varios mandatarios en el pasado, pero podría haber más que sólo la intención de eficientar y transparentar el gasto, sino también el posicionamiento político del partido y los propios coordinadores, particularmente en los estados donde hoy tiene el poder la oposición.
Enrique Alfaro, en Jalisco; Mauricio Vila, en Yucatán, y Alfredo del Mazo, en el Estado de México, se verán obligados a coordinarse con quienes fueron sus contrincantes por la gubernatura, mientras que en otros estados, como Baja California Sur, Guerrero, Colima, Campeche, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, se prevé que ciertos coordinadores sean candidatos para sus respectivas gubernaturas en el 2021.
Aún antes, en 2019, Baja California deberá elegir gobernador, donde el senador electo Jaime Bonilla, uno de los hombres más cercanos a AMLO, será el coordinador de los programas federales y sin duda el próximo candidato a gobernador de esa entidad.
Incluso para los gobernadores morenistas, la creación de estas coordinaciones no debe haber sido una gran noticia, ya que representa también para ellos compartir el poder, pero quizá pudiera venirles bien, ya que varios de ellos no tienen un perfil administrativo que les permita caminar solos sin cometer errores que luego se los cobren los electores.
Si a las coordinaciones agregamos que existe la posibilidad de subir a la boleta a AMLO en el 2021 por vía de una especie de refrendo electoral a su mandato, entonces implicaría que Morena iría con todo por lograr tener la mayoría de las gubernaturas.
Qué historia será la que contemos en los próximos años, no lo sabemos. Pudiera ser tan descabellada como aquellas que parecían fantasiosas en 2000; lo cierto es que Morena no agotó su proyecto, apenas empieza.
