En octubre de 2016, el mundo dio un paso importante en la conformación de asentamientos humanos y ciudades más sostenibles, equilibradas, resilientes y amigables con el medio ambiente. La expedición de la “Nueva Agenda Urbana Habitat III” constituyó la punta de lanza para lograr un mundo más equitativo y humano. El objetivo fue muy claro: abatir la marginación y reducir la contaminación.

Estos y otros ideales se incorporaron a nuestro país en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, como parte de los compromisos adquiridos a nivel internacional; a través de impulsar la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamientos Territorial y Desarrollo. Un ordenamiento moderno, con visión a largo plazo, que incluye las directrices y parámetros que deben cuidarse y respetarse en la conformación de ciudades y comunidades.

El reto es mayúsculo, pues México es un país de contrastes, donde impera la informalidad y la marginación. La planeación urbana se ve, en muchas ocasiones, como un freno al progreso, rebasada por interés o presiones políticas.

Los cambios indiscriminados de usos de suelo, la falta de obras para mitigar la contaminación y la ausencia de una política integral de crecimiento, son algunos de los problemas que hemos venido arrastrando como país desde hace mucho tiempo. Ahora, si bien contamos con un marco de referencia que nos permite transitar hacia un país más sostenible y equilibrado, solo falta lo más sencillo y a la vez más complicado, aplicarlo.

No obstante, la Ley General no es suficiente para conquistar tan noble y alto objetivo. Es necesario vincular y coordinar los tres niveles de gobierno. Para ello, es indispensable homologar las normas locales a los parámetros de las normas nacionales.

Por esa razón, desde que empecé mi gestión como diputada local en el Congreso de Querétaro, impulsé la reforma integral al Código Urbano.

Un proyecto ambicioso y complejo que, de la mano de expertos, investigadores, servidores públicos, organizaciones, colegios y público en general, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno del estado, vio la luz el 9 de diciembre de 2020, fecha en que se presentó formalmente la iniciativa de reforma. El objetivo fue claro y común: tener un marco jurídico que brinde seguridad y certeza a la ciudadanía.

No dejaremos en saco roto tan importante trabajo y en estos últimos meses que quedan a esta 59 Legislatura, apretaremos fuerte el acelerador para impulsar hacia adelante este proyecto, pues se trata de un documento innovador que traerá grandes cambios y beneficios para el estado de Querétaro.

Ese ha sido y será siempre nuestro compromiso, velar y defender los intereses de la población. Es momento de echar hacia adelante a nuestro estado y ponerlo en el contexto internacional. Con normas que reflejen una postura abierta y actualizada frente a los retos y fenómenos demográficos que demandan las ciudades del siglo XXI. Sólo en equipo y con visión a futuro, es como lograremos la meta planteada: un Querétaro equilibrado, fuerte y sostenible.

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