Al México le urge que el Presidente de la República se dé cuenta del rumbo que llevamos y dé un golpe de timón y reoriente su gobierno ante el riesgo de colisión al que nos conduce.

Desde la campaña el actual Presidente hizo hincapié en que el principal problema de México era la corrupción, la cual costaba al país, dijo, 500 mil millones de pesos.

Eje de su gobierno, el combate a la corrupción implicó el despido de más de 300 mil burócratas, el recorte presupuestal a las dependencias, la desaparición de dependencias públicas, entre ellas las delegaciones estatales de las secretarias; así como la centralización y consolidación de las compras gubernamentales.

A lo largo de su gestión, el Presidente ha reiterado “las escaleras se barren de arriba hacia abajo”, “la corrupción en mi gobierno, no existe”, “ya no es como antes”; “somos diferentes”; etc. Ante los fracasos en materia económica, cuyos indicadores vienen cayendo desde antes de la pandemia y los cuales pretende cambiar porque no miden lo que él ve; ante la crisis nacional de salud, también agravada por la pandemia, que nos coloca en el “top ten” de los países con más defunciones por Covid 19; ante la inseguridad que amenaza superar con mucho el número de muertes violentas de los gobiernos “neoliberales”; ante el inminente riesgo de quiebra de Pemex, aparece el indicador de corrupción que mantiene en la lona a la Cuarta Transformación.

El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), dio a conocer en días pasados su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Ennig), correspondiente a 2019. En ella se evalúa la satisfacción ciudadana y la calidad del gobierno en materia de trámites, pagos, servicios públicos y otros contactos con autoridades. Entre sus principales indicadores destacan los siguientes:

•    La corrupción nacional se incrementó 19% de 2017 a 2019, producto del incremento de esos hechos en cuatro entidades.
•    Los estados con mayor tasa de prevalencia de corrupción, son: Durango (PAN) con 25,389 afectados por cada 100,00 habitantes; la Ciudad de México (Morena), con 20,690 y el Estado de México (PRI), con 20,683.
•    La tasa de incidencia de corrupción la encabezan Durango con 55,192 actos por cada 100,000 habitantes; Guerrero (PRI) con 54,401; Coahuila (PRI) con 50,307 y la Ciudad de México (con 47,834).
•    El costo de la corrupción por realización de trámites gubernamentales, asciende a 12,770 millones de pesos, equivalentes a $3,822.00 por persona afectada. 
•    La percepción social de la corrupción —lo que la gente cree— se ha reducido respecto a 2017 (el gobierno más corrupto del México moderno), pasó de 91.1% en 2017, a 87% en 2019.

Todo lo anterior, sin contar los casos emblemáticos recientes encabezados por Manuel Bartlet Díaz, titular de la CFE y su hijo; Ana Guevara, titular de Conade, denunciada recientemente por exigir dinero a empresas licitantes; y la fama que precede a otros personajes ubicados en los primeros círculos del gobierno de la 4 T.

La corrupción no se acaba por decreto, se requieren leyes, normatividad, acciones y personas comprometidas para erradicarla; no floreros, de parte de los tres niveles de gobierno. Lo hecho hasta ahora no ha funcionado. Queremos desarrollo con justicia y bienestar. Por ello urge un golpe de timón y de congruencia, no discursos ideológicos aspiracionales.

Periodista y maestro en seguridad nacional

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