Universidad pública o privada

Muchos presumen que lo privado es más eficiente que lo público. Esta creencia ha sido el sostén de las privatizaciones en México
19/08/2017
09:13
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Muchos presumen que lo privado es más eficiente que lo público. Esta creencia ha sido el sostén de las privatizaciones en México, mediante las cuales el Estado ha entregado a privados la responsabilidad y el beneficio de llevar a cabo diversas actividades, como ha sucedido con el servicio de telefonía, con el sector energético y, más recientemente a nivel local, con el servicio de limpia y recolección de basura. Esta idea también comienza a influir en la educación, sólo que debe advertirse que este tema no es un bien o servicio cualquiera, pues se trata de un derecho humano del que el Estado mexicano se está deslindando, alejándose cada vez más de su obligación de cumplir esa garantía a la población.

Hace un mes, un político del Partido Acción Nacional (PAN) que aspira a postularse como candidato a la Presidencia de la República, se refirió a la abrumadora problemática de los jóvenes que se quedan fuera de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y aunque reconoció que la educación es un bien público, también se pronunció a favor de que el “exceso de estudiantes que hay en las instituciones” sea visto como un mero nicho de negocio del que puede “echar mano” el sector privado. En ese sentido, aseguró: “este exceso de estudiantes ya no tienen cabida en las escuelas públicas, entonces puede ser transferido al sector privado, esos estudiantes van a tener que costar menos porque como Estado garantizo el derecho a la educación, pero al mismo tiempo me estoy ahorrando porque me va a salir más barato”.

Lo que asume este miembro del PAN —quien también es rector de una prestigiosa universidad privada— es que la educación universitaria en ese sector es más económica y, tal vez, de mejor calidad que en las instituciones públicas. Sin embargo, esa postura no se sostiene en la realidad y al respecto se pueden observar diversos indicadores: por ejemplo, anualmente, la universidad que él representa cuesta más de 200 mil pesos por alumno, mientras la Universidad Nacional Autónoma de México cuesta al gobierno 110 mil pesos por alumno y la UAQ, 62 mil pesos por alumno, con lo cual se evidencia que la universidad pública es más eficiente económicamente. Hay que agregar que con este costo por cada estudiante, las universidades públicas además realizan investigación, difunden cultura y sostienen una gran cantidad de acciones de vinculación para atender las problemáticas y necesidades de la sociedad.

En cuanto a la calidad educativa, existen diversos indicadores que permiten medir el desempeño de las instituciones, uno de esos indicadores es el número de licenciaturas que se imparten contando con el reconocimiento de los organismos evaluadores externos a la institución (CIEES o COPAES); otro parámetro es la cantidad de posgrados que avala el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en los que además se evalúan el impacto del trabajo de investigación y la suma de los profesores que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

Esto último resulta de gran transcendencia porque el nivel educativo de cualquier institución se relaciona directamente con la capacidad de investigación que tengan, lo cual redundará en egresados capaces de resolver los grandes problemas que aquejan al país. México necesita profesionistas que realicen aportes científicos y tecnológicos, que propongan y ejecuten políticas con beneficios reales para la población, y que contribuyan a la riqueza cultural y artística; y todas estas actividades están ligadas a la investigación e innovación.

La institución privada que referí anteriormente tiene un gran prestigio a nivel nacional, de acuerdo con el informe que este año rindió su rector, ofrece 45 licenciaturas de calidad y cuenta con 84 miembros en el SNI y solo con un programa de posgrado reconocido por el Conacyt; mientras que la UAQ imparte 48 carreras de calidad, más de 300 de sus profesores son parte del SNI y brinda 67 posgrados avalados por el Conacyt. Estos números de la Máxima Casa de Estudios queretana son superiores a los de dicha institución privada y en el caso de los posgrados, los indicadores de la UAQ destacan por encima de cualquier otra institución particular, incluso por arriba del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) (55) o de la Universidad Iberoamericana (21).

En los países desarrollados, para que una institución educativa pueda llamarse Universidad tiene que impartir programas mediante los cuales tenga la capacidad de otorgar el máximo grado académico, que es el grado de doctor (PhD). En México, el Conacyt únicamente reconoce los doctorados de 102 instituciones, de las cuales sólo nueve son privadas; entre esas nueve, el ITESM es el líder con 11 doctorados y le sigue la Iberoamericana con 10. Por su parte, la UAQ cuenta con 17 doctorados reconocidos, indicador que posiciona a nuestra Universidad como la octava más importante en el país. Pero más allá de esto, resulta apremiante revisar qué pasa con la regulación que permite que más de 3 mil universidades estén emitiendo títulos académicos sin tener el soporte de programas con calidad y sin la capacidad de poder llamarse “Universidad”.

En este proceso en el que el Estado mexicano ha ido abandonando su responsabilidad educativa, nos encontramos con un país donde la cobertura de educación profesional apenas alcanza el 34%, cuando países latinoamericanos atienden a más de la mitad de su población, como son Argentina (75%), Chile (71%) y Uruguay (64%), ¿y qué decir de Corea del Sur o Finlandia donde la cobertura es del 100%? Ese tendría que ser el objetivo y obligación del Estado mexicano, pero la apuesta del gobierno ha sido el debilitamiento de las instituciones educativas públicas a través de presupuestos que no corresponden ni a la riqueza tangible que todos los días aportan a la sociedad, ni a la demanda de la juventud del país. 

Esto ha resultado propicio para que las instituciones privadas busquen llenar sus aulas con los jóvenes a los que no se les garantiza una educación pública universitaria y el Estado fomenta esta situación, ignorando la realidad económica y social de la gente. Muestra de ello es que en Querétaro se intenta que a través de ‘apoyos especiales’, universidades privadas absorban a los más de 14 mil aspirantes que la Autónoma no pudo recibir. Esa medida prevé apoyos para que esos aspirantes accedan a universidades particulares con colegiaturas de mil 500 pesos mensuales. El gobierno olvida que más de la mitad de esos 14 mil jóvenes provienen de familias que al mes tienen ingresos menores a dos salarios mínimos (menos de 4 mil 800 pesos) y que más del 80 por ciento tienen ingresos mensuales por debajo de cuatro salarios mínimos, por lo que para esos jóvenes y para sus padres resulta imposible mantener una colegiatura mensual de ese costo.

En este contexto, es apremiante fortalecer a la universidad pública para que continúe siendo ese ascensor social tan importante para el país, tiene que mantenerse como un espacio plural que brinda a la población los elementos para forjarse la vida que se anhela y donde se propicia un roce social importante que hace posible la sensibilidad en los hijos de familias más favorecidas económicamente, pues conocen la realidad de sus compañeros, el esfuerzo y lo que batallan para adquirir libros, alimentarse, pagarse el transporte y lograr una carrera.  La universidad pública tendrá que seguir creciendo para que sin importar la condición económica de origen de las familias, sus hijos puedan continuar recibiendo una educación de alta calidad. 

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