Una situación de emergencia para los derechos de las mujeres

Lídice Rincón Gallardo

El pasado 29 de julio, la Secretaría de Gobernación declaró una alerta de violencia de género para 11 de los 125 municipios del Estado de México (Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Chalco). Se trata  de espacios donde las violaciones a la seguridad y los derechos de las mujeres son estructurales, dada la convergencia de pobreza, violencia intrafamiliar, impunidad y corrupción respecto de la procuración de justicia, falta de condiciones para el tránsito con seguridad, así como otras formas de discriminación. De acuerdo con Animal Político, entre 2005 y 2013 se registraron en el Estado de México 1500 asesinatos de mujeres con una saña que reproduce esquemas que identificamos con las zonas fronterizas y el crimen organizado. Sin embargo, hasta ahora las autoridades federales y estatales se negaron a aplicar una perspectiva de género en la investigación de estos crímenes, alegando que no existían elementos para suponer que esas mujeres habrían sido asesinadas por el solo hecho de ser mujeres, en el contexto de una vulnerabilidad social que se cierne sobre sus cuerpos de manera particular y acentuada (lo que constituye la definición del feminicidio).

Ahora bien, ¿qué es una alerta de violencia de género? La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007, señala que se trata del conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Corresponde a la Secretaría de Gobernación, a partir del juicio de un grupo de personas expertas con representación gubernamental, académica y civil, declarar la alerta con el propósito de resarcir el daño. Esto implica la adopción de varios tipos de acciones: el derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial; la rehabilitación jurídica, médica y psicológica, así como la satisfacción de las víctimas con las medidas de reparación y las garantías de no repetición. En relación con estas últimas, se contemplan la aceptación de la responsabilidad del Estado, ya sea por acción directa u omisión; la investigación y sanción de los actos de autoridad que significan un riesgo para la vida y la seguridad de las mujeres; el diseño e instrumentación de políticas públicas que protejan su dignidad e integridad, y también, la verificación de los hechos y la publicidad de la verdad. En el centro de todo este sistema deben situarse, precisamente, las víctimas, tanto las directas a quienes se debe justicia, como también las familias, quienes muchas veces sufren acoso y amenazas, además de que tienen que abandonar sus actividades productivas para buscar justicia. Si no visualizamos que las alertas de género y todo el Sistema Nacional de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sirven para que no haya mas mujeres asesinadas, torturadas, golpeadas y maltratadas psicológicamente, entonces no tiene sentido nada de lo que señala la ley. Por eso es que resulta fundamental un cambio de actitud en quienes procuran justicia a las mujeres: que ellos y ellas actúen con honestidad, sin dilación, con profesionalismo, sin prejuicios y con el total cuidado de la integridad de las víctimas.

Mucho se ha dicho que las alertas de violencia de género sólo contribuyen a la polarización social en regiones de por sí conflictivas. Esto es totalmente falso. Lo que se hace, más bien, es llamar la atención acerca de una forma de vulnerabilidad –la de las mujeres– que no existiría si la cultura y las instituciones no estuvieran estructuradas de manera patriarcal, y tampoco si no dominara una cultura de la discriminación que invisibiliza las desigualdades y discriminaciones que ellas experimentan de manera cotidiana. Y lo que también se hace con estas alertas es obligar a todo un aparato de justicia anquilosado y reacio al cambio a actuar con eficiencia para sacar a las mujeres de esa zona de violencia y marginación en que arbitraria e irresponsablemente las hemos colocado. 

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