El Estado mexicano atraviesa por una profunda crisis. A la corrupción y la impunidad imperantes, se suman las incapacidades del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La estrategia contra la inseguridad iniciada con la “guerra contra la delincuencia organizada” durante el gobierno de Calderón no ha cambiado, y lejos de contener al crimen, éste ha fortalecido su presencia territorial, diversificando sus actividades delictivas, y con ello su poder económico y corruptor, que ha alcanzado a las instituciones públicas y a los partidos políticos. Los niveles de violencia son una realidad que no se puede soslayar

Al igual que la estrategia para combatir al crimen, la política prohibicionista de drogas ha fracasado. Su uso ha incrementado y se consume a más temprana edad.

Ante estos fracasos es necesario rectificar el rumbo y dar lugar a un nuevo paradigma: la despenalización y regulación de algunas drogas.

La legislación mexicana —en especial el Código Penal que data de 1984— penaliza el cultivo, el transporte, el tráfico, el comercio y el suministro de drogas, sin embargo no penaliza el consumo. En los últimos años se han endurecido las penas, conculcado derechos y libertades como el arraigo, que permite la privación de la libertad bajo la “presunción”de haber cometido un delito.

El gobierno actual ha mantenido una posición ambigua. Si bien Peña Nieto ha sido enfático contra cualquier tipo de regulación, funcionarios de su gobierno han planteado abrir el debate y la posibilidad de despenalizar el cannabis.

Esta ambigüedad deriva de los resultados de algunas encuestas que señalan que sólo 37 por ciento de la población en México aprueba la despenalización de la mariguana y sólo el 32 por ciento avaló los cambios realizados en Uruguay.

Desde la década pasada, diversas organizaciones sociales acompañadas por las fuerzas progresistas han promovido distintas iniciativas de ley para dar un enfoque distinto al prohibicionista, asumiendo la política de drogas como un asunto de salud pública. Se ha planteado despenalizar los usos médicos, industriales y recreativos del cannabis, y regular su producción con fines médicos y razones humanitarias, ya que en nuestro país 80 por ciento de las personas con enfermedades terminales, carecen de paliativos efectivos contra el dolor para dignificar su muerte.

Se requiere una nueva política de Estado que atienda las causas y no sólo los efectos, los problemas estructurales de la pobreza y la desigualdad, y aliente la organización y participación ciudadana. Es necesario recuperar la presencia del Estado, especialmente en las zonas rurales donde el combate se ha ensañado con los campesinos productores, y si bien es indispensable fortalecer los cuerpos policíacos, los sistemas de inteligencia e investigación policial, la creación de las policías especializadas y de cercanía, y establecer penas sustitutivas de prisión, preservando los derechos de las víctimas del delito, se requiere superar el esquema punitivo.

Informar sobre los riesgos del consumo de drogas, acabar con la estigmatización de quienes consumen o son víctimas de la adicción, reconociendo el libre albedrío de los ciudadanos para decidir sobre sus hábitos privados y forma de vida, así como hoy se regula el consumo del alcohol y la nicotina, es necesario hacerlo con el cannabis y otras drogas.

Es momento de dejar atrás la política prohibicionista, la sobre penalización y criminalización de los usuarios de drogas. El Estado debe regular el mercado de las drogas, eliminar el lucro y las enormes ganancias del mercado ilícito, garantizar la seguridad y la convivencia en la sociedad, manteniendo márgenes elementales de gobernanza democrática.

Senador de la República

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