Este 2020  nos tocó enfrentar uno de los retos más grandes y difíciles de la historia de la humanidad. La pandemia de Covid-19 ha demandado que personas de todo el mundo, desde sus diferentes actividades y en los diversos niveles de la vida pública y privada, emprendiéramos una lucha desde todos los frentes para buscar frenar el avance de la enfermedad y los terribles efectos que ha venido provocando, primero, en la salud y esperanza de vida de millones de personas y, por supuesto, en la actividad social y económica de todas las naciones.

Esa lucha, planteada desde la sociedad civil, se sumó a las estrategias institucionales que el sector público ha ejecutado para atender la problemática específica de cada región o país, buscando evitar el colapso de los sistemas de salud y la proliferación de contagios y muertes. Para lograrlo, como nunca, ha sido necesaria la colaboración solidaria de la ciudadanía que ha comprendido la necesidad de sumarse extremando las acciones preventivas y adaptándose a los largos periodos de aislamiento y refuerzo de medidas de higiene personales y familiares.

Por desgracia, al mismo tiempo que hemos atestiguado este esfuerzo conjunto y coordinado, de gente de diversas nacionalidades que se han comprometido para combatir de forma integral la pandemia, también hemos presenciado la parte más deleznable y oscura de la naturaleza humana, la que tiene que ver con los intereses mercantilistas y poco solidarios que se han impuesto en el mundo y ante los que es preciso revelarse, para descubrir a quienes, aprovechándose de la crisis de salud y de la necesidad de miles de personas, han buscado lucrar con el dolor de pacientes y familiares.

Como ejemplo de ello, nos hemos encontrado más de lo que desearíamos, a gente que, con acciones totalmente faltas de humanidad, se han aprovechado de la posesión privada de inmuebles en el rubro de infraestructura de atención médica y hospitalaria, para alzar los costos de atención y servicios de salud a niveles francamente alejados de cualquier tipo de ética empresarial o comercial, ajenos al sufrimiento y a la solidaridad que requiere nuestro actuar en las circunstancias que vivimos.

Para buscar evitarlo, en lo posible, decidí presentar un punto de acuerdo ante el Senado de la República, en el que solicito se haga un exhorto a las autoridades pertinentes, y se les invite a investigar los posibles abusos que instituciones de salud privadas, puedan haber cometido o estar cometiendo en el contexto de la emergencia sanitaria declarada.

Así, buscamos frenar este tipo de prácticas, en donde se han registrado casos en los que se piden pagos de hasta 100 mil pesos por un sólo día de atención a pacientes diagnosticados con Covid-19 en algunos hospitales privados.

Lo anterior busca lograr que las autoridades no sólo investiguen y emitan un pronunciamiento ante estas malas prácticas, realizadas por propietarios o directivos de algunas clínicas y hospitales sin escrúpulos, sino también persigue cimentar una propuesta de iniciativa de ley que permita sancionar de forma ejemplar estas acciones de encarecimiento, que atentan contra el patrimonio y la vida de ciudadanos en todo el país.

El objetivo es lograr que pronto y de forma legal, se determine que, ante una emergencia sanitaria como la que hoy padecemos, los costos de atención, medicamentos y servicios médicos específicos para la enfermedad que la provoque, sean regulados y tabulados oficialmente durante la contingencia, evitando que se den cobros excesivos que, además de generar graves daños a la economía de quienes más necesitan apoyo en momentos como el que atravesamos.

Sin duda, también, con esta iniciativa, nos sumamos al llamado preciso del Ejecutivo Federal, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que la gente en México sea más solidaria, para que seamos más humanos y para que recordemos que hay que tener siempre el objetivo de avanzar y desarrollarnos juntos, en armonía, anteponiendo el bienestar común, a los intereses personales.