Conforme van avanzando las campañas electorales de este 2015, se van decantando las propuestas, se van perfilando las ideas y se va iniciando un diálogo con la ciudadanía para decidir la inclinación del voto popular. Como señalé en mi colaboración anterior, tendríamos que evaluar la centralidad de aquellas propuestas que se hagan desde la perspectiva de la igualdad y no discriminación, porque es desde este punto de vista que se pueden aportar soluciones a los grandes problemas nacionales, que sean permanentes, coherentes y protectoras de la dignidad de todas las personas. Ahora bien, para que la perspectiva de igualdad y no discriminación se convierta en un rasgo permanente de la política y no sólo en una acción de gobierno temporal, tenemos que constituirla en una agenda política.

Entonces, ¿cómo sería una agenda de gobierno por la igualdad y no discriminación? En primer lugar, tendría que fundamentarse en los estándares internacionales, es decir, en aquellos marcos normativos que señalan como obligación del Estado proteger a las personas y grupos históricamente discriminados frente a actos de discriminación; pero también en aquellos ordenamientos que señalan el deber público de generar medidas de acción afirmativa que permitan compensar a esas personas por un daño inmerecido y por una inercia que les sitúa socialmente como invisibles y hasta merecedoras de una exclusión tal.

En segundo lugar, una agenda por la igualdad y no discriminación tendría que generar un marco de acciones e instituciones para combatir la discriminación estructural. Esto significa equilibrar la tarea antidiscriminatoria en su vertiente punitiva y en su dimensión cultural. Es decir, que tendríamos que fortalecer los castigos y sanciones en contra de quienes cometen actos discriminatorios, lo que no significa necesariamente encarcelar a los agentes de la discriminación –podríamos pensar en multas, en trabajo comunitario o en penas sustitutivas–; y, de manera complementaria, tendríamos que pensar que la discriminación es un problema que requiere un cambio cultural de largo plazo, lo que implica fortalecer los programas educativos y de sensibilización dirigidos a todos los niveles escolares y nichos sociales. El objetivo de esto último es generar una empatía y una solidaridad social que permita reconocer en cada acto discriminatorio, aunque no nos ocurra en carne propia, una afrenta a la democracia y a la justicia que debemos cuidar y proteger como patrimonio común.

En tercer lugar, una agenda por la igualdad y no discriminación tendría que contar con la suficiencia presupuestal y la voluntad política como para ser eficiente y tener resultados palpables en poco tiempo. Quizá, éste sea el punto donde nuestras agendas gubernamentales en materia de derechos humanos han fallado. Podemos apropiarnos del marco normativo nacional e internacional, y podemos incluso entender las responsabilidades del gobierno en la materia, pero lo que siempre ha faltado es que la autoridad respalde este tipo de iniciativas y las dote de los recursos humanos y materiales suficientes para no quedarse en promesa de gobierno. Una agenda por la igualdad y no discriminación tiene que señalar acciones a favor de los grupos históricamente discriminados, tiene que indicar ámbitos prioritarios y modalidades de intervención diferenciada, así como promover –en el corto plazo– que los actos discriminatorios sean desalentados y que –en el mediano plazo– se articule una cultura de la inclusión y el respeto a la diversidad.

¿Por qué tanto énfasis en una agenda de gobierno por la igualdad y la no discriminación? Por un lado, porque el tema es central y nos permite combatir la pobreza y la desigualdad, que siguen siendo nuestras principales asignaturas pendientes; pero, por el otro, porque contamos con un legado ambiguo de experiencias exitosas e instituciones fallidas para articular una política de Estado en materia de igualdad y no discriminación. Esta agenda de gobierno es central para cualquier proyecto de justicia o fortalecimiento ciudadano que nos propongamos en el futuro.