El gobierno de México, me parece, “se dio un tiro en un pie” al presentar una demanda civil en una corte en Estados Unidos contra los fabricantes de armas norteamericanos por el daño causado por las armas que son introducidas ilegalmente al país y utilizadas por el crimen organizado. El gobierno de México basa su demanda en “sus prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, facilitan el tráfico ilegal de armas a México generando un enorme daño humano y material”. Inclusive en “conferencia mañanera” el Presidente los acusó de fabricar armas especiales para los grupos criminales; “fabrican armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada”.

Si bien el objetivo de buscar detener el tráfico de armas a México es imprescindible y urgente y por lo cual es importante hacerlo desde todos los frentes posibles, en esta ocasión el gobierno de la 4T nuevamente se equivoca al presentar una demanda que se antoja es improcedente, absurda y peligrosa ya que:

Primero, porque los fabricantes de armas norteamericanos cumplen, salvo prueba en contrario, con las leyes de su país y por ende resulta absurdo pensar que la Corte norteamericana sancionará a alguien que sí cumple con las leyes que le son aplicables.

Segundo, porque el gobierno de México tiene que demostrar que la violencia y los daños generados en el país sí son originados por el tráfico ilegal de armas y no por la absurda política de “abrazos y no balazos” ni por la impunidad de que gozan los grupos criminales en el país originada y sostenida en un esquema de complicidades y corrupción. Además tengamos presente que en EU es legal poseer armas y que su índice de homicidios fue de 5 por cada 100 mil habitantes (2019) mientras que en México fue de 29.

Tercero, suponiendo que el tráfico de armas sea digamos corresponsable de la violencia en el país se tendría que acreditar que los fabricantes demandados son al menos corresponsables de éste. Recordemos que las armas ingresan por nuestras aduanas cuyo correcto funcionamiento es responsabilidad del gobierno mexicano. En otras palabras el gobierno mexicano es el responsable de vigilar lo que transita por sus fronteras.

Cuarto, porque abre la puerta a que el gobierno norteamericano o empresas norteamericanas demanden al gobierno de México o a empresas gubernamentales como Pemex o CFE también por prácticas negligentes como por ejemplo el daño ecológico con repercusión mundial que ocasionan los derrames petroleros o la producción sucia de energía o también la producción de drogas y su trasiego a los EU, o que EU exija una compensación a México por los costos y daños que se generan en EU a raíz del pobre manejo por parte nuestra de indocumentados nacionales y centroamericanos, etc., etc...

Fuente de los Deseos: Ojalá que el gobierno de México evaluara mejor sus decisiones antes de tomarlas.

Comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA). @TAMBORRELmx

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