Un registro indispensable

Lilia Merodio Reza

La aprobación del dictamen que sienta las bases del Registro Nacional de Personas con Discapacidad por parte de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables es de suma trascendencia.

La discapacidad es un fenómeno complejo; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar tareas y las restricciones de la participación constituyen problemas en situaciones vitales, como lo señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero a las limitaciones y obstáculos de este sector se suman las prácticas de discriminación social.

Para ponderar la relevancia de esta problemática cabe señalar que, de acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en México hay aproximadamente 7.7 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, cifra que representa el 6% de la población.

Ante este panorama cabe recordar que el Gobierno Federal impulsó la estrategia central México Incluyente a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos para cerrar las brechas de desigualdad.

Pese a los avances, los retos son mayúsculos, por lo que es necesario continuar instrumentando políticas públicas oportunas, eficaces e innovadoras para atender las diferentes necesidades de este sector.

Por ello la aprobación del dictamen que sienta las bases del Registro Nacional de Personas con Discapacidad por parte de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables es de suma trascendencia.

La modificación al artículo 22 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad plantea que el Inegi deberá garantizar la información de los registros de la administración pública, lo cual ya se encuentra establecido en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía.

Asimismo, el registro deberá formar parte del Sistema Nacional de Información en Discapacidad y mantenerse actualizada a través de los registros administrativos de certificación de discapacidad del sector salud. Sin duda representa una herramienta que permite contar con un padrón, conocer con precisión el número de personas con estas condiciones, qué tipo de discapacidad padecen y en dónde se encuentran.

Este registro oficial constituye un insumo medular que facilita la confección de políticas públicas focalizadas e incluyentes que atiendan las principales problemáticas que enfrentan las personas discapacitadas.

Por ello insisto: se trata de contar con información oportuna y objetiva para integrarlos en el sector productivo y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

Dada la complejidad del tema, es indispensable una mayor coordinación entre todos los actores políticos y sociales en el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas transversales en la materia.

Senadora de la República, presidenta
de la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables.

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