“¡México! ¡México! ¡México!”, gritaron los diputados tras haber aprobado la reforma energética a finales de 2013, un día después de que el Senado lo hiciera. Fueron 354 votos a favor del PRI, PAN, PVEM y NA, en contraste con los 127 en contra del PRD, PT y MC (además de otros cuatro en total del PRI y PAN), los que marcaron la historia de México. Pero hoy, esa historia empieza a rendir cuentas con la extradición de Emilio Lozoya Austin hace unos días.
El exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de la pasada administración presidencial llegó a nuestro país el pasado viernes 17. Sin embargo, la Fiscalía General de la República no lo trasladó al Reclusorio Norte, sino a un hospital privado en la Ciudad de México, alegando que “presentaba una debilidad general en toda su salud”, situación que el gobierno de España anunció desconocer y que el Gobierno Federal (GF) no ha mostrado evidencia. Hoy en día, Lozoya es testigo protegido del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, según los reportes de la prensa, ha informado que pagó más de 52 millones de pesos en sobornos a legisladores para votar a favor de la reforma energética y que posee las grabaciones de tales actos.
Mientras exista evidencia de tales declaraciones, esto será oro molido tanto para el gobierno de López Obrador, como para México: en el primer caso por haber conseguido su primer gran logro en el combate a la corrupción e impunidad en lo que va de su administración, y el segundo por obtener justicia a un nivel que no es tan común conseguir en el país. Si esto se concreta, será un triunfo masivo para la nación, pues la corrupción y la impunidad son de los males que más aquejan a la sociedad en México y el mundo, por lo que deben ser atendidos y superados por todo gobierno sin importar su color político.
En esto también hay que apreciar en qué panorama se desarrolla el acto. No hace falta ser un analista político experto para comprender que la extradición de Lozoya a México para que señale a implicados en los actos de corrupción que se le acusan, se realice en sincronía con la situación difícil que está atravesando el país. La captura del exdirector de PEMEX sucedió en febrero y el gobierno español había mostrado cooperación con el mexicano para proceder en la forma que prefiriera éste. Era evidente que estaba en planes de López Obrador enjuiciar a Lozoya, pero quizá no esperaba hacerlo ahora, sino ya pasadas las elecciones intermedias de 2021 para generar un impacto positivo para Morena de cara a 2024. Es una simple conjetura, pero muy posible si revisamos la forma de operación de los líderes y partidos políticos en todo el mundo que buscan la reelección, o bien, dejar buenas condiciones para que su partido continúe gobernando. Sería ingenuo pensar que en la política, cualquiera que sea, esto no pasa.
Pero haciendo a un lado lo anterior, lo que es ineludible e imprescindible mencionar es que la colaboración de Lozoya debe seguir sin atentar contra el debido proceso y que la ley tiene que aplicarse a todos quienes hayan estado involucrados en los casos de corrupción mencionados, sin importar de qué partido eran y de cuál son ahora, y qué jerarquía tenían antes y cuál ahora. Según los reportes, los políticos de Querétaro que presuntamente recibieron sobornos fueron el entonces diputado Ricardo Anaya y el senador Francisco Domínguez, hoy gobernador del estado. Otros legisladores de la entidad que votaron a favor fueron el diputado Marcos Aguilar y los senadores Marcela Torres y Enrique Burgos. De estos últimos no se tiene conocimiento de estar involucrados en los sobornos, sin embargo, si estuviesen y hay evidencia de ello, tiene que aplicarse la ley para hacer justicia, no hay otro camino. Luis Donaldo Colosio decía que “veía a un México con sed de justicia”, y ese México sigue hoy en día, con justa razón, con más sed que antes.
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