Sin duda cabe mencionar que las cartas credenciales de Santiago Nieto Castillo fueron suficientemente contundentes para que fuera nombrado por el Senado de la República como fiscal especializado para los Delitos Electorales, dependiente de la Procuraduría General de la República y ésta, a la vez, del titular del Ejecutivo Federal.

El queretano, nacido en San Juan del Río, realizó sus estudios profesionales en Derecho, como su hermana Gabriela Nieto Castillo actual magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, nombrada también por el Senado de la República, en la Universidad Autónoma de Querétaro, para posteriormente recibir con honores el grado de doctor en Derecho por la División de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico.

Su carrera profesional inició como asesor jurídico del Consejo del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal y en el propio Consejo General del IFE, posteriormente —y no en el área electoral—, se desempeñó como coordinador de asesores y secretario particular de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Fue electo magistrado electoral regional, desempeñándose como presidente de la Sala Regional en Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, entre las resoluciones que posiblemente han marcado la incomodidad y que hoy aflora nuevamente, fue la anulación de la elección del ayuntamiento de Morelia, revocándole el triunfo al Partido Revolucionario Institucional por la impugnación realizada por el candidato panista a la alcaldía Marko Cortés y, como recordarán, uno de los argumentos fue la aparición del boxeador Juan Manuel Márquez en transmisión televisiva portando unos calzoncillos de los colores tricolores del PRI.

Ha sido también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en lo académico se ha desempeñado como profesor de las divisiones de Estudios de Posgrado de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional.

A la vez ha escrito obras como Control de convencionalidad y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, Los derechos en los tiempos de género (de mujeres, feminismo y derechos), Interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral: una propuesta garantista y Teoría de la nulidad de elecciones, así como colaborador en diversos artículos de revistas y publicaciones de circulación nacional.

Ya como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, le correspondió estar al frente de la misma durante el proceso electoral de 2015 y de las intermedias que han sucedido a la fecha; sin embargo, existe el señalamiento de un financiamiento irregular de las campañas electorales de 2012 de una de las mayores empresas del ramo energético de Brasil, por conducto de quien se desempeñaba como coordinador de asuntos internacionales del candidato triunfador y que, a la postre, se hizo cargo de la empresa estatal más importante del país, de lo que tiene conocimiento la Fiscalía.

La gota que derramó el vaso, al parecer, fue una entrevista concedida a diversos medios de comunicación por el titular de la FEPADE, en donde expresaba que había sufrido presiones para que lo exonerara, y no pasó ni una semana cuando sobrevino el cese fulminante, ordenado por quien hoy es el encargado de eespacho de la Procuraduría General de la República ante la salida de Raúl Cervantes Andrade y lo que ante la opinión pública se considera es por la incomodidad que representa el fiscal a quienes hoy detentan el poder.

Ciertamente la elección de la titularidad de la FEPADE la lleva a cabo el Senado de la República, pero su cese puede ser por la decisión del titular de la Procuraduría General de la República, con la única salvedad que esta resolución puede ser revocada o confirmada por el Pleno del Senado, misma ante la que ha anunciado el fiscal depuesto que acudirá.

Independientemente de la aplicación estricta del derecho por parte de quien hoy desempeña la titularidad de la Procuraduría General de la República, no deja tener su repercusión política y, como aderezo adicional, es que acontece en pleno proceso electoral.

La decisión ahora la tendrá el Senado, quien deberá pronunciarse al respecto y su decisión será jurídica pero, desde luego, con su aderezo político.

Ante la opinión pública permea el hecho de que la remoción haya sido porque se había convertido en el “fiscal incómodo”.