Un derecho de respuesta al ciudadano

Arnulfo Moya Vargas

Un partido que se dice de izquierda debe tener cánones de mayor integridad política que el resto de los partidos que ejercen el gobierno.

Ante la detención, la semana pasada, de dos personas acusadas de delitos graves y que presuntamente tienen sus domicilios en Querétaro, esto como corolario de casos como Oceanografía; de cobros ilegales por comisiones a favor de parlamentarios federales; y defraudación de un excandidato a gobernador, se impone exigir, que ya no pedir, que los miembros de la clase política involucrados nos den una respuesta efectiva sobre su relación con tales penosos y controversiales actos.

En el caso de las detenciones recientes se ha expuesto públicamente la relación de por lo menos una persona de las detenidas con vínculos con los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista. Estos partidos no pueden ampararse en la presunción de inocencia por muy sagrado e incontrovertible que este principio sea. La política no funciona a base de sentencias judiciales sino que camina a veces con éstas, pero la mayoría de las veces depende de la credibilidad de quienes son los titulares de los órganos de gobierno. Las expulsiones y las suspensiones no bastan, las sanciones deben provenir, de los órganos competentes, no estamos ante infracciones menores o faltas a la autoridad o la disciplina de partido. No se imputa la violación al estatuto de un partido, sino de la violación a las reglas de la Constitución y de las reglas de convivencia cuya tipificación en el Código Penal es su versión más radical. Los órganos electorales federal y local deben iniciar de oficio si hay materia para las responsabilidades no solo individuales sino para las personas colectivas que han incurrido en el dolo in vigilandi, la falta por no vigilar, que no se cometieran ciertas conductas. Esta investigación de oficio debe impactar en el sistema de partidos en Querétaro inclusive hasta llegar a la cancelación del registro como parte de la sanción si es necesario. Hace falta un deslinde de quienes se encuentran vinculados y deben dejar sus cargos para dar curso a las investigaciones, no por necesidad del procedimiento penal sino por necesidad de confianza y credibilidad de las instituciones de las que forman parte.

Sobre Oceanografía se trata del mayor fraude cometido en contra de Pemex y del Estado mexicano, y esperamos que quienes fueron electos por el mandato popular de los queretanos se deslinden y aclaren sus relaciones y vínculos con los involucrados.

El cobro de comisiones ilegales es un expediente abierto en la Cámara de Diputados a raíz de la gestión de fondos para obras municipales y que involucra a varios diputados federales —entre ellos por lo menos uno de Querétaro— y cuya ramificación de cobros ilegales ha llegado hasta el exceso de configurar la recepción de dineros por el sentido de la voto en favor de las reformas presidenciales. Es un claro y autentico abuso de poder y no se ha tenido el valor para explicar por los diputados queretanos y clarificar el contenido de dicho expediente cuyo desenlace judicial no conocemos.

Con relación al Partido de la Revolución Democrática en Querétaro debe existir una explicación de la dirigencia de sus vínculos personales y financieros con la detención hace algunas semanas de su excandidato a gobernador en 2009, y más allá de que dicho excandidato tenga la presunción de inocencia en su favor, la dirigencia nacional, que fue la que autorizó la candidatura en 2009, y la local que la operó, debe una explicación a todos los militantes y a la sociedad en general. Un partido que se dice de izquierda debe tener cánones de mayor integridad política que el resto de los partidos que ejercen el gobierno y la exigibilidad de la rendición de cuentas pasa primero por la rendición de cuentas entre sus propias bases y de la sociedad que se pretende representar.

En todo lo anterior extraña el desempeño de las procuradurías tanto la local como la nacional (ahora Fiscalía General de la Nación) quienes no debieran temer ejercer sus facultades legales y constitucionales proyectadas la esfera de la política de partidos y sin caer en un macartismo o puritanismo político, realizar sus investigaciones de forma independiente y apartidista.

Por el lado del PRI pesa la enorme hipoteca de ser el partido gobernante en Querétaro y que debiera ser el más interesado en aclarar y explicar el florecimiento de los casos de corrupción ya referidos. Por lo menos debía deslindarse del Partido Verde su aliado. Ser oposición de la oposición y pedir al PAN que rinda cuentas por la actuación de sus miembros. Sería muy grave para la sociedad que ambos partidos que han tenido la mayoría y alternado en el gobierno estatal dejaran los problemas en meros golpes de teatro mientras escenifican la repartición del poder en el 2015.

 

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