Tribunal Contencioso Administrativo

El juego perverso en que se ha involucrado el nombramiento del magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en nuestro estado, pone en evidencia la ausencia de canales efectivos de comunicación institucional entre los distintos órganos del poder público. Esta lamentable situación ha colocado a la LVII Legislatura estatal en un escenario muy similar al que vivió su predecesora, que tuvo que enfrentar un proceso tortuoso para la designación de los consejeros del Instituto Electoral de Querétaro a finales del 2010, que terminó -en aquél entonces- con una resolución del tribunal electoral federal.

Fue precisamente la anterior legislatura local la que debió haber resuelto sobre el nombramiento del nuevo magistrado administrativo; sin embargo, lejos de resolver el asunto, se inició la crónica de una designación fallida y de un magistrado que montó en cólera al hacerse sabedor de la dura verdad: de que los tiempos políticos cobran las facturas, y de que tendría que dejar el cargo público, que por cierto todos los queretanos pagamos con nuestros impuestos. Hasta hoy, casi 5 meses después de que inició la nueva legislatura local en su encargo, este conflicto aún no tiene un desenlace final, y parece que el camino seguirá siendo tortuoso.

La controversia entre la Constitución local y la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que siguen sin empatarse —por cierto debido a la omisión legislativa de “legislar”— en el plazo máximo en que una persona puede ocupar el cargo de magistrado administrativo, es el marco normativo de referencia de este conflicto, ya que la primera –la Constitución– restringe el plazo de ocupación del cargo a dos períodos de 4 años; y la segunda —la ley que es de inferior jerarquía, según la doctrina y la jurisprudencia— permite ocupar el cargo hasta 3 períodos, que en conjunto suman 12 años.

Sin duda alguna, además de esta controversia normativa, existen otros elementos que complican la solución del conflicto. Por un lado, la decisión sesgada de los tribunales federales, que en solidaridad gremial, han permitido “chicanear” el litigio a favor del magistrado amparado, aprovechándose del aforisma Iura Novit Curia en beneficio personal y en perjuicio de lo público. Por otro lado, la falta de técnica y oficio de los órganos legislativos para desahogar el procedimiento y argumentar las razones objetivas por las que el funcionario no debe permanecer en su cargo y por lo tanto, negarse la posibilidad de ser designado, que no reelecto, para un tercer período. Finalmente, por un tercer lado, la mala decisión de romper políticamente con Nueva Alianza al interior del congreso local, en una batalla pírrica para ganar un converso, que nada aporta al partido en el poder, y que mucho afecta en los acuerdos para construir una mayoría parlamentaria.

En este caso, la imprudencia ha hecho presa de la actividad legislativa de nombrar al nuevo magistrado. Para propios y ajenos, es claro que no existe la voluntad política para ratificar por un tercer período al todavía magistrado amparado. Todos lo entendemos, todos los sabemos, todos lo asumimos, menos él, quien es presa de la cólera funesta que causa este tropiezo. Parafraseando a Aristóteles, la prudencia tiene por objeto acciones humanas sobre las cuales puede deliberarse. El hombre prudente es el que, ajustándose a los cálculos de la razón, acierta con lo mejor que puede ser realizado por el hombre.

Los jueces deben ser prudentes, esa es la principal virtud a la que podemos aspirar encontrar en quienes son designados para decir el Derecho y para impartir justicia. Tal vez, me atrevo a proponer, ésta –la prudencia- sea la mejor salida para resolver este entuerto del destino del Tribunal Contencioso Administrativo.

Abogado y ex regidor