López Obrador y su equipo deben tomar nota de lo que ha sucedido en el país.

El pasado en ocasiones regresa exigiendo cuentas.

Trece años tarde, el Estado mexicano tendrá que reparar el daño ocasionado a Lydia Cacho.

La periodista exhibió, a través de su libro Los Demonios del Edén, una red de pederastas. Incluidos políticos y empresarios explotadores de menores.

Concluía el año 2005 cuando diez personas la detuvieron en Quintana Roo. La trasladaron vía terrestre de Cancún a Puebla.

Muchos nos preguntamos en ese momento de qué serían capaces. Seguimos la angustiosa cobertura. Como si de esa forma lográramos no abandonarla.

La aislaron, la torturaron, le realizaron tocamientos e insinuaciones sexuales y la amenazaron de muerte en el trayecto y en la Procuraduría poblana.

Dos meses después, el 14 de febrero de 2006, Carmen Aristegui y La Jornada difundieron conversaciones entre el ex mandatario Mario Marín y el empresario Kamel Nacif. Escuchamos aquella famosa llamada telefónica donde se regodeaban de lo que le hicieron:

“Quióbole Kamel.

Qué pasó mi góber precioso,

Mi héroe, chingá…

Tú eres el héroe de esta película, papá…

Pues ayer ya le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrona… Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleva su coscorrón y que aprendan otros y otras”.

No solo se propusieron lastimarla por realizar su labor y develar actos criminales, sino también enviar mensajes. Amedrentar.

El caso llegó hasta la Suprema Corte. Era la época en donde el máximo tribunal todavía tenía la facultad de investigar violaciones graves a derechos humanos.

Cacho perdió.

Recuerdo que la entonces ministra Olga Sánchez Cordero señaló que sí había sido víctima de violaciones… pero no graves.

La vida se empecina en sorprender cuando el tiempo ha desgastado la esperanza pero no el olvido.

Entre tanta impotencia, la justicia se asomó por una rendija.

En el 2014, Lydia y la organización Artículo 19 demandaron, por impunidad, al Estado mexicano frente al Comité de Derechos Humanos de la ONU.

En una resolución histórica, ganó. Con ella, todos y todas.

El 31 de julio, el Comité reconoció violaciones a la igualdad entre hombres y mujeres, a la prohibición de tortura, a la libertad de expresión, entre otros. Señaló que el Estado no cumplió con sus obligaciones de proveer de un recurso efectivo para investigar y sancionar a los culpables. Hoy deberá hacerlo y castigar a los responsables; compensar a la periodista; y adoptar medidas para evitar que se cometan acciones semejantes en el futuro.

El gobierno tiene 180 días para responder. Pero será la administración de Andrés Manuel la que tenga que implementar cambios sustantivos.

Olga Sánchez Cordero nuevamente jugará un papel fundamental. Ahora desde la Segob.

“Esta mañana pensé cuando le pedí a Regina (asesinada en 2012) que se saliera de Veracruz”, comentó ayer, con la voz entrecortada, Lydia Cacho.

“Las razones por las que seguí no tienen que ver con el heroísmo, valentía o ganas de seguir. Tienen que ver con la muerte de muchos colegas, con el sufrimiento de los demás, con la nueva generación de periodistas…”

Gracias Lydia.
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