Pareciera que el Ejecutivo Federal está empeñado en un proceso de desinstitucionalización. En días pasados el Tribunal de Justicia Baja California se declaró incompetente para analizar si es legal o no que quede el gobernador Bonilla más allá del periodo por el que fue electo; otro asunto, el del ministro González Alcántara que confirma desparecer estancias infantiles y reemplazarlas por el reparto directo a las familias, criterio opuesto a la ONU para que la infancia cuente con centros de estimulación temprana y desarrollo integral; el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, revocó la suspensión definitiva que se había concedido al colectivo #NoMásDerroches y, la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, que de acuerdo con el artículo 98 constitucional, las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia “solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado”.

Los tres aspirantes que proponga el Presidente deberán ser convocados por la Comisión de Justicia del Senado, la cual podrá interrogarlos para después elaborar un dictamen sobre su idoneidad que se presentará al Pleno.

Para ser designado, el o la aspirante deberá obtener los votos de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes. “Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República”, detalla el artículo 96 constitucional.

El Presidente señaló los requisitos generales que cubrirán quienes integrarán la terna: “gente honesta, que no sean corruptos; que no sean mercaderes, ni traficantes de influencias”. Sin embargo, el Poder Ejecutivo en México encuentra pesos y contrapesos —límites a su poder— en tres fuentes: la institucional, la política y la social.

Los contrapesos institucionales son los límites que un poder tiene derecho a imponer sobre otro y derivan de la configuración de la forma de gobierno que adopta una nación. En el caso de México, aquella que señala la Constitución Política. Anteriores reformas, terminaron con los poderes metaconstitucionales y se fueron introduciendo paulatinamente mayores límites a la acción del Ejecutivo, la pluralidad en los cargos de elección popular tenía el triple efecto de limitar al Ejecutivo desde el congreso, desde los poderes locales y desde los órganos de autonomía constitucional.

Un Poder Judicial, Federal o Local, debe tener independencia y autonomía; si no es así, abre las puertas a un gobierno sin controles, sin contrapesos y un poder Ejecutivo con poderes absolutos. Para lograrlo, es necesario postular a los mejores candidatos para integrar el Poder Judicial, y no uno cercano al Presidente, no al que tenga vínculos partidistas, que no haya sido dirigente de partido, ni haber tenido cargos de elección popular.

El Ejecutivo Federal tendrá otra oportunidad para influir en la designación de otro espacio en la Suprema Corte, incrementando su capacidad de influencia sobre sus decisiones. De esta forma, el único espacio de posible contrapeso a las decisiones del Presidente puede quedar bajo su control, en un momento en que quienes expresan puntos de vista distintos, los descalifica y etiqueta de conservadores que defienden un sistema corrupto y lleno de privilegios.

Es posible prever que parte de los esfuerzos de centralización que se han venido configurando a partir de esta administración, han sido apoyados por otra institución que debe ser contrapeso: la legislatura del Congreso. Dicha centralización no únicamente pone en riesgo a los grupos políticos locales, sino que abre la posibilidad a la modificación de la lógica de poder en los estados, con la posible eliminación del pacto federal. En ese sentido, la idea del contrapeso de poderes como se configuró desde la Constitución de 1824 y la de 1857, que se contienen en la de 1917 y hasta la actualidad, puede estar enfrentando un desafío, las condiciones actuales son distintas, pero habría que recordar que la institucionalidad y el Estado de Derecho son fundamentales para el funcionamiento de la democracia, lo que no se ha visto en el gobierno federal.

Expresidente municipal de Querétaro y exlegislador federal y local. @Chucho_RH