Las audiencias del país y la población en general necesitan involucrarse más y exigir transparencia en el proceso para elegir al próximo comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Es muy importante que la persona electa, a más tardar el lunes 11 de septiembre, no sea un comisionado o comisionada “a modo” de los legisladores federales, de partidos políticos ni, mucho menos, de los propietarios y dueños de los principales medios de comunicación que usan concesiones comerciales (Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, por mencionar dos de los nombres).
Una de las fortalezas que se anunciaron como parte de la reforma en telecomunicaciones fue la creación de un órgano constitucional autónomo, colegiado en su funcionamiento, independiente en sus decisiones de los Poderes del Estado y con amplias facultades en la materia: el IFT.
Dentro de sus facultades están la de otorgar concesiones para usar el espectro radioeléctrico, propiedad de toda la nación; y señalar o denunciar a los “agentes económicos preponderantes” que identifique.
El hecho de que la elección del comisionado presidente del IFT sea en el marco del inicio del proceso electoral 2017-2018 añade más trascendencia y emoción, por los intereses que buscan defender o imponer tanto la clase política como el duopolio televisivo, a unos meses de los comicios que definirán al próximo ejecutivo federal.
Recordemos que en 2005-2006 el duopolio doblegó a la mayoría de los legisladores federales del Congreso de la Unión y logró cambios jurídicos que se denominaron como la “Ley Televisa” primera versión. Cuando parte de la ciudadanía mostró indignación y salió a las calles a protestar, ocurrió en la parte final de la reforma.
Incluso el polémico Diego Fernández de Cevallos buscó evadir el trasfondo y los asuntos que discutirían y votarían los senadores en abril de 2006, al gritar y reclamar a estudiantes que mantenían un cerco en la sede del Senado porque le habían roto y perjudicado su traje.
El acceso a los medios de comunicación durante el proceso electoral federal es un aspecto que preocupa e interesa a todos los partidos políticos que participarán en la contienda. Buscan aprovechar al máximo sus espacios en beneficio de posicionarse entre el electorado. Pero muchas veces con tal de conseguir este objetivo, llegan a infringir la ley o, como acontecía antes de 2007, despilfarrar recursos públicos en medios.
Ante este panorama, el comisionado presidente del IFT que sea electo necesita no solamente cumplir los requisitos marcados por las leyes, sino convertirse en una persona que luchará por defender los derechos de las audiencias, sin temor a señalar públicamente a integrantes de la clase política o concesionarios que traten de hacer su “minita de oro” o violentar las reglas del uso del espacio radioeléctrico en este proceso.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) cumplió tres años de haber entrado en vigor, a mediados de agosto. La normativa jurídica y el IFT enfrentan su primer desafío de magnitud, por todo lo que está alrededor del proceso electoral 2017-2018 en lo que corresponde al acceso a radio y televisión.
Las audiencias y los ciudadanos necesitamos, de manera impostergable, involucrarnos y “apropiarnos”, en la medida de la posible, del proceso de elección del próximo comisionado presidente del IFT. Es un asunto de interés público y general.
Periodista.
@carloaguilarg
