Tortura en México

Ernesto López Portillo

“No se trata de lo que sabes, sino de lo que puedes probar”, le repite una y otra vez el policía veterano al novato en Día de Entrenamiento, aquel extraordinario largometraje inspirado en varios escándalos de corrupción del Departamento de Policía de Los Angeles (Antoine Fuqua, 2001). Se lo dice cuando el principiante es testigo de las peores atrocidades a manos del grupo de policías cuyo método para perseguir delincuentes es cometer delitos. El filme es un agudo retrato del quehacer policial y lo proyecto justamente a miembros de la policía en diversos formatos didácticos. El ejercicio es productivo porque la ficción funciona como provocación que termina siendo un espejo de la realidad. La policía en la mayor parte del mundo incluye entre sus rutinas de trabajo la comisión de delitos, a su vez tolerados o propiciados por el sistema de justicia penal y el aparato político que debería controlarla. La diferencia entre las instituciones policiales a lo largo del orbe es el grado de extensión y gravedad del crimen que alojan. Así lo confirman mis 25 años acumulados de observación, investigación académica y proyectos de intervención encaminados a la mejora policial dentro y fuera de México.

Uno de los fenómenos de criminalidad policial más graves es la tortura; su presencia en México ha sido documentada por organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos mexicanas y extranjeras; el fenómeno además ha sido investigado y sancionado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Recientemente el relator especial de la ONU para la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes visitó nuestro país y concluyó que “Aún persiste una situación generalizada del uso de la tortura y malos tratos en México” (http://bit.ly/1i86jas).En realidad la presencia de la tortura ha sido oficialmente reconocida en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, mismo que incluyó el Índice de Integridad Física del CIRI Human Rights Data Project, el cual “mide el respeto del derecho a la integridad física basándose en tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición y encarcelamiento por razones políticas”. En una escala de 0 a 3, donde 0 significa que “el gobierno no respeta el derecho”, desde 1989 el CIRI nos ha ubicado en 0 en materia de tortura. El documento programático ofrece llevar al país a la escala 3 en el 2018 (http://bit.ly/1wRUFZ7).

La tortura destruye a la víctima pero también implica una derrota de la propia autoridad. Por definición, quien la ejerce es un agente del Estado o alguien que actúa con la aquiescencia del mismo. Por eso la tortura suele quedar impune; el perpetrador y quien debe investigarlo integran el mismo aparato policial, ministerial y judicial, o bien el militar. La experiencia del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), que incluye la Campaña Nacional contra la Tortura, confirma más allá de toda duda que la tortura se repite gracias a que esos ámbitos institucionales no cuentan con equilibrios y contrapesos sólidos.

Director del Insyde

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