En fecha reciente, se ha generado una discusión sobre la legalidad de diversas drogas. Algunos probables funcionarios del gobierno entrante han mencionado la posibilidad de crear un mercado legal de cannabis y regular la producción de amapola para propósitos farmacéuticos. Algunos activistas han ido más lejos y proponen establecer mercados legales para drogas como la cocaína o las metanfetaminas.

Esa discusión es sin duda interesante y puede revestir importancia en el largo plazo. Pero difícilmente va a tener efectos en un futuro inmediato.

La creación de un mercado legal y regulado es un proceso largo y complejo. Incluso en el caso de la marihuana. En Uruguay, la legislación que acabó con la prohibición de la sustancia se aprobó en diciembre de 2013. La venta regulada en farmacias no inició sino hasta julio de 2017 y, según estimaciones de las autoridades uruguayas, aproximadamente 50% del mercado se encontraba en la ilegalidad a mediados de 2018.

En Canadá, empezaron las consultas en 2016, la legislación federal se acabó de aprobar en junio de este año y el arranque formal del proceso será este mes. Sin embargo, la implementación al nivel provincial puede tomar aún varios meses más.

En Estados Unidos, la marihuana es legal para fines recreativos en nueve estados y para fines médicos en 30 entidades. No hay, sin embargo, fecha para una posible legalización a nivel federal y difícilmente se dará mientras Donald Trump esté en la Presidencia.

Y la marihuana es el caso sencillo. Los costos sociales de su consumo son moderados y hay un porcentaje importante de la población que está a favor de la legalización. Eso no sucede para otras sustancias. Crear mercados legales y regulados para la cocaína o las metanfetaminas va a ser, en el mejor de los casos, un proceso de décadas.

Entonces, para el horizonte temporal del siguiente sexenio, el asunto no es particularmente relevante.

Pero la regulación de una sustancia específica puede traer beneficios de seguridad y salud en el corto plazo. Esa sustancia se llama alcohol. Consideren lo siguiente:

-En México, hay no menos de 30 mil muertes (por cirrosis, accidentes viales, homicidios, etc.) asociadas de manera directa o indirecta al consumo de alcohol.

-De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Salud, el alcohol es responsable del 9% de la carga de la enfermedad en el país (es decir, el número de días de vida sana perdidos por enfermedades, accidentes, etc.).

-Según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat 2016), casi cinco millones de mexicanos enfrentan problemas de dependencia o abuso del alcohol. Entre ellos, 340 mil son adolescentes entre 12 y 17 años.

-Según estudios académicos en Estados Unidos, aproximadamente 40% de los homicidas consumen alcohol antes o durante la agresión que lleva a la muerte de sus víctimas.

-Según un reporte del Centro de Estudios sobre Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, tan solo los costos de atención a la cirrosis en el sistema de salud equivalen a 1.8 veces la recaudación por el IEPS a las bebidas alcohólicas.

¿Entonces qué habría que hacer? Regular de manera mucho más estricta: aumentar impuestos, fijar precios mínimos, limitar puntos y horarios de venta, establecer mayores controles a la publicidad, ampliar los programas de restricción tipo alcoholímetro, etc.

Todo esto trae costos y habría que implementarse con atención a los detalles. Pero si el objetivo es proteger la salud y la seguridad de los mexicanos, promover la mejor regulación del alcohol es una ruta más fructífera que especular sobre el fin de la prohibición de drogas que seguirán siendo ilegales por décadas.

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