Hace unos días, Donald Trump declaró en una entrevista en medios que su gobierno estaba próximo a declarar a los grupos criminales en México ligados al narcotráfico internacional como “grupos terroristas”, una designación que le da algunos poderes extra a las autoridades estadounidenses para intervenir en las finanzas de estos grupos y de usar otras estrategias legales contra sus colaboradores. En México hubo señales de alarma.
Los narcos no son terroristas. Usan el terror, sin duda, y merecen una respuesta más coordinada y enérgica de parte de los dos gobiernos. Pero los grupos terroristas, por definición, son los que usan el terror para lograr fines políticos o ideológicos. Los grupos criminales en México (que son, en realidad, transnacionales, pero tienen su base y liderazgo en México) usan el terror para perseguir fines económicos y mercantiles. Se dedican a hacerse ricos a través de la producción, transporte y venta de drogas, así como otras actividades ilícitas, que van desde el robo de gasolina hasta la extorsión y el secuestro .
Sin embargo, habría una ventaja clara en designarlos como terroristas, que es que el gobierno de los EU tendría más facultades para intervenir sus finanzas y de perseguir a sus colaboradores cercanos. Esto no tendría un impacto directo en la soberanía de México, ya que estas acciones tomarían lugar en territorio estadounidense.
Pero llamar terroristas a quienes no lo son podría tener otras consecuencias negativas. Primero, la confusión conceptual se presta a un diagnóstico de la situación y el diseño de respuestas equivocado. Si bien parte de lo que se tiene que perseguir con estos grupos es degradar sus operaciones financieras y logísticas, también se tiene que crear un entramado legal en México —de policías y tribunales efectivos— que haga difícil que operen con impunidad. Y se tiene que tratar a los consumidores de las drogas, que son los mayores financiadores de estos grupos, como un problema de salud, no solamente como colaboradores de una empresa criminal.
Una designación de los grupos criminales como “terroristas” podrían ser los colaboradores de estos grupos en EU —pandillas, distribuidores locales de drogas, vendedores de armas y quizás hasta drogadictos— sujetos a ser enjuiciados por complicidad con el terrorismo.
Pero el gobierno de EU cuenta con otra lista, la de Organizaciones de Crimen Transnacional (TCO’s), que son para grupos criminales transnacionales como los que trafican drogas entre México y EU. Y esa designación da poderes similares al gobierno estadounidense en materia financiera, sin confundir categorías y abrir la caja de pandora como lo hace la designación terrorista.
Lo que corresponde no es meter a todos los grupos criminales en esta categoría de TCO, sino seleccionar a uno o dos de los grupos más violentos e ir contra ellos, de forma coordinada entre el gobierno mexicano y estadounidense. Así se acaba con los grupos más violentos primero y se envía la señal clara de que los grupos que empleen violencia sistemáticamente van a ser sujetos a medidas más agresivas por parte de los dos gobiernos. La finalidad no debe ser acabar con todos sino generar incentivos para que baje la violencia en el país.
Esto no quita que el gobierno mexicano necesita ser más empeñado en construir las instituciones locales de justicia, que dificulten las operaciones de estos grupos delictivos, y que el gobierno estadounidense tiene que tomar la crisis de opioides (y de todas las drogas adictivas) con mucha, mucha más seriedad.
Ahora es el momento de recobrar la cooperación en temas de seguridad entre los dos países, pero con una estrategia clara para bajar la violencia, persiguiendo a los grupos más sangrientos, y atacando el consumo de narcóticos al norte de la frontera y el débil estado de derecho al sur.
Director del Instituto de Políticas Migratorias
