Territorio mexicano en conflicto

06/06/2019
06:13
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Proclamada la independencia de México, el estado de Jalisco reconoce la división territorial que hasta entonces había tenido la intendencia de Guadalajara integrada por 28 partidos, se dieron cambios, dándose de baja y alta pueblos en su categoría de cabecera de Partido o Departamento, para luego integrarse en unidades territoriales más grandes denominadas Cantón.

El séptimo cantón, que correspondía a Tepic, se independizó y en 1859 Miramón, el presidente conservador, reconoció esa separación y en 1865, cuando Maximiliano dividió el Imperio en 50 departamentos, creó el departamento de Nayarit. Fue cuando se utilizó por primera vez ese nombre. Posteriormente, en 1884, por iniciativa del presidente de la República, se aprobó en el Congreso de la Unión una reforma constitucional que hacía del distrito militar de Tepic un territorio de la Federación. ¿Por qué un territorio federal y no de una vez un estado? La respuesta fue que no tenía la población necesaria ni los recursos para mantener los gastos de una administración propia.

En 1917 el territorio federal de Tepic se transformaría en Estado Libre y Soberano de Nayarit; Jalisco protestó, y no aprobó la reforma constitucional, pero no prosperó su moción en la Asamblea Constituyente, hubo 107 votos en favor y 70 en contra. Sin embargo, las desavenencias territoriales y de límites entre Jalisco y Nayarit aún no terminan. En abril de este año, en el dictamen de reforma a la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit, aprobado por la Trigésima Segunda Legislatura de Nayarit, se hizo referencia a que en el mes de enero representantes de las comunidades de El Guamuchilillo, Palma Chica y Las Tapias presentaron una solicitud ante ese Congreso para que las localidades fueran consideradas como parte del territorio nayarita, como consecuencia, el Poder Ejecutivo de Jalisco interpuso una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Estado de Nayarit, respecto del decreto en comento.

Al aceptar los recursos promovidos ante la Suprema Corte, se ordenó suspender la aplicación de las leyes de Jalisco y Nayarit, las cuales reclaman como propio un territorio limítrofe de más de 20 mil hectáreas. Y es que los dos estados de la República emitieron leyes y decretos al iniciar 2018, con el objetivo de establecer los límites de los municipios de Mezquitic, en Jalisco; y El Nayar, en Nayarit. Por otro lado, a solicitud del Comisariado de Bienes Comunales, así como del Consejo de Vigilancia, de la comunidad wixárika Tateikie San Andrés Cohamiata, del municipio Mezquitic, Jalisco, el Senado de la República se pronunció al respecto, y solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dé celeridad en la atención y resolución de las controversias constitucionales que se han mencionado, y con ello, se ponga fin al conflicto que persiste.

Lo anterior, en atención a que el artículo 46 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores. De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a instancia de alguna de las partes en conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, sustanciará y resolverá con carácter de inatacable, las controversias sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades federativas.

Como se aprecia, para la resolución de conflictos por límites, la Constitución señala un sistema mixto de resolución, por conciliación con la participación del Senado, o bien, cuando no hay convenio por vía jurisdiccional, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este problema de límites territoriales tiene más de medio siglo, las consecuencias, como en todo conflicto, nos lleva a visualizar diversos enfoques, cambios en diferentes esferas y la creación de precedentes en su resolución constitucional, siendo la principal brindar certeza jurídica a las partes involucradas.

 

 

Expresidente municipal de Querétaro.

 

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