El 1º de julio votamos cerca de 60 millones de personas, y 53% lo hizo a favor de Andrés Manuel López Obrador.

Su triunfo es el triunfo de los movimientos sociales que durante 30 años han estado pugnando por un cambio en el país desde la izquierda, y del movimiento popular que se aglutinó alrededor de AMLO.

En esta ocasión, los grupos de poder que gobiernan en México no pudieron hacer fraude. Cuatro circunstancias lo impidieron:

1) A nivel internacional, y particularmente en EU, las diferencias entre las oligarquías financieras sobre la forma de seguir ejerciendo el poder y profundizar el modelo neoliberal impidieron al gobierno de Trump una injerencia agresiva en la contienda electoral mexicana contra la candidatura de AMLO. La política del gobierno de EU ha jugado a reacciones contradictorias en su país y con gobiernos de otras potencias, reduciendo su margen de acción.

2) A nivel nacional, los grandes propietarios del capital se dividieron; no pudieron agruparse en torno a una candidatura: aunque todos son responsables del casi estancamiento económico, la degradación social y la violencia imperantes, quisieron deslindarse de la crisis económica y política que han ocasionado sus políticas.

3) El nivel de indignación del pueblo ante la corrupción, la pobreza, la desigualdad y la violencia, propiciaron un cierto nivel de politización en la población, multiplicaron las protestas e impulsaron que desde múltiples espacios de organización social se cuestionara el modelo económico, y se visibilizara la crisis política.

4) La contundencia de la votación por AMLO, que le permite no sólo acceder a la Presidencia, sino también con mayoría calificada en la Cámara de Diputados y de mayoría simple en la de Senadores a la coalición que lo postuló.

Estamos ante la posibilidad de un cambio fundamental. La participación del pueblo que salió a votar puede ser la fuerza que contribuya a la transformación democrática de las instituciones, de las organizaciones laborales, profesionales y populares. Y al diseño e implementación de políticas antineoliberales: inversión pública productiva, en el campo y la industria; revaloración del trabajo, empleo y salarios dignos; política fiscal donde los grandes empresarios paguen los impuestos que les corresponden; restitución de los fondos de pensiones al ámbito público con la creación del banco de la seguridad social y revisar la privatización de los servicios médicos; abrogación de la Reforma educativa y convocar a un Congreso Nacional Educativo; renacionalización del petróleo y recursos naturales para restituir la soberanía.

El nuevo gobierno debe mantener su compromiso de no pactar con lo que ha llamado AMLO “la mafia del poder” y recuperar la relación con la academia, los movimientos sociales y el sector cultural para la elaboración del plan de gobierno. Tendrá que integrar a los aliados con intereses distintos e incluso contrapuestos con el proyecto que ha proclamado López Obrador. La agenda legislativa está obligada a diseñarse con la consulta a los movimientos y luchas sociales que han derrotado al PRI-PAN; de igual manera tendrá que revisarse en la transición el proyecto de presupuesto, para restituir los fondos mutilados al gasto social. Es tiempo de que el movimiento popular aglutinado alrededor de AMLO y las luchas sociales que en el último sexenio cuestionaron el régimen tomen la palabra de manera colectiva, crítica y propositiva.