“Lo importante”, me dijo mi ex compañera de trabajo, es que “por primera vez en la historia de México se está consultando a la sociedad”.
La respuesta vino a mi comentario de que las “consultas ciudadanas” realizadas por el actual gobierno no eran confiables, ni representativas ni estaban bien hechas además de que violaban la ley.
Ambos planteamos un aparente dilema: ¿violar la ley pero consultar, o no consultar pero respetar la ley?
Personalmente me inclino por la segunda opción porque considero que la bandera que encabezó Andrés Manuel López Obrador en la campaña electoral pasada fue, principalmente, la de una nueva forma de gobernar resumida en el slogan: “La esperanza de México”.
Fundamentalmente, sin embargo, me inclino por esta opción porque es necesario que los mexicanos nos reconstruyamos con base a un proyecto moral, ético, respetuoso, anti-corrupto, democrático y ciudadano.
Violar la ley, aunque sea en aras de consultar a la ciudadanía, se llama violar la ley. El motivo por lo que evade, nada justifica y sí, por el contrario, coloca al promotor de la llamada cuarta transformación, en el nivel similar a sus antecesores, que tanto ha criticado y a los que de todo responsabiliza.
Responsabilidad moral
A inicio del siglo XX, un ideólogo ruso, Lev Davidovich Bronstein, conocido por el pseudónimo de León Trotsky, escribió un libro que tituló “Su moral y la nuestra”.
En este texto, explica cuáles deben ser características de cualquier revolucionario; es decir, de cualquier persona que lucha o encabeza una lucha por la transformación de una sociedad: la honestidad y los valores éticos.
Por ahora y en lo que se refiere al comportamiento ético, el actual gobierno mexicano no se distingue de sus antecesores, señalados -con fundamento- de haber violentado o de haber permitido que se violentaran, de manera constante, los principios legales que rigen la nación.
Hoy vemos lo mismo. El caso de las referidas consultas, específicamente la efectuada para determinar si se construye o no el tren Maya, además de violar lo establecido en la ley para que sea considerada válida (difusión de las preguntas, colocación de urnas en todo el territorio nacional), reunió 946 mil 81 votos; esto es, menos de uno por ciento de la población mexicana.
No obstante estas irregularidades, el gobierno mexicano dio por válido su resultado (aunque ya había tomado la decisión de construir el tren antes de realizar la consulta).
Similar comportamiento gubernamental ha sucedido en el caso del bloqueo de las vías del tren por parte de profesores adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes por espacio de 15 días impidieron el paso de los trenes y con esto, dañaron severamente la economía nacional, además de incurrir en un claro delito del fuero federal.
Una vez más, el gobierno federal avaló la violación de la ley en aras de no confrontarse con un sector aliado, como lo es la disidencia magisterial (recordemos que para granjearse a los millones de profesores, López Obrador echó atrás la reforma educativa).
El tercer ejemplo de comportamiento poco ético que recuerdo es el trato que el presidente de la república ha dispensado a varios gobernadores, anteponiendo sus filias y fobias político-partidistas por encima de las reglas del federalismo.
Cuando se declaró ganadora de la gubernatura de Puebla, a la panista Martha Érika Alonso, López Obrador dijo que dejaría de ir a dicha entidad en tanto que al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lo calificó de “palero”.
Cambio real
México cambió el sentido de su voto: se lo negó al PRI y al PAN para brindarlos a una tercera opción, de la que espera cambios profundos y sustanciales que reivindiquen a México en lo económico, en lo social, lo político y, por supuesto, en lo ético.
Esperemos que enmiende y avance hacia ese objetivo.
Periodista. @juanjosearreola
