En el polémico debate sobre la “militarización” de la Guardia Nacional (GN) resulta relevante el cuestionamiento planteado por el abogado Federico Anaya-Gallardo: ¿qué han hecho la sociedad civil y las organizaciones sociales para que la GN sea una cosa distinta a un cuerpo militar organizado desde el centro y desde arriba?

Lo cierto es que la sociedad civil y las organizaciones sociales tomaron la decisión de no participar en esta acción, más allá de expresar su desacuerdo. Por su parte, los gobiernos estatales y municipales se desentendieron durante estos cuatro años de la responsabilidad de fortalecer a sus policías civiles y delegaron su obligación de atender la seguridad pública al gobierno federal.

Es importante destacar que la propuesta enviada al Congreso de la Unión por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no es una iniciativa de Ley Constitucional de la Guardia Nacional y Seguridad Pública, sino una reforma a una ley secundaria.

La reforma aprobada el jueves  por la Cámara de Senadores propone su ejecución institucional al amparo de un mando “mixto”, al delegar lo administrativo, operativo y financiero a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la estrategia y organización táctica de seguridad pública a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Aunque la reforma de ley apunta la presencia de una GN con “modelo mixto”, como sucede en España, Francia y Portugal, en la que el mando militar y civil participan de manera conjunta, Andrés Manuel López Obrador desaprovechó la oportunidad de realizar un cambio sustantivo en el que se tratara a la Sedena de la misma manera que otras secretarías de Estado, donde la titularidad estuviera a cargo de un mando civil –si así lo decidiera el presidente en turno– y la estructura sometida a la misma lógica de transparencia y rendición de cuentas que el resto de las instancias estatales. Al final, con esta modificación, quedó “intocado” el corazón del privilegio militar.

En términos de constitucionalidad, la iniciativa seguramente abrirá un nuevo debate en torno a la forma de segmentar a la GN. Por una parte, mantiene su adscripción a la SSC. Y, por otra, administrativamente dependerá de la Sedena. Bajo esta estructura, el comisionado de la GN se ubicará bajo la jerarquía del secretario de la defensa nacional, pese a que su asignación institucional corresponde a la SSC.

Ciertamente, nuestro país no requiere de Fuerzas Armadas dedicadas a la defensa de la soberanía nacional; frente al arsenal que significa nuestro vecino del norte poco tendríamos por hacer en caso de conflicto bélico. Ni mucho menos son necesarias para reprimir a la población. Por lo tanto, resulta pertinente ponerlas al servicio de la seguridad pública.

Sin embargo, para que esto tomara forma en un marco de derechos humanos, la sociedad civil –entendida de manera simple, en términos del espacio de vida social organizada que es voluntariamente autogenerada, independiente, autónoma del Estado y limitada por un orden legal o juego de reglas compartidas–, tendría que apropiarse de sus Fuerzas Armadas. Y, esto es, precisamente, lo que no está sucediendo.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale