Sobre la violencia

Se ha insistido en los diversos niveles de gobierno y medios afines la afirmación de que en Querétaro “no pasa nada”. La terca realidad los ha desmentido, y exhibido la falta de una estrategia que no sea la respuesta policiaca y de apoyo mediático. Habría que entender que para la violencia no existen islas territoriales que se mantengan bajo control. Esto puede ayudar más a entender qué pasó y qué está pasando, al grado de haber hecho de la delincuencia un suceso recurrente en amplios sectores de la sociedad.

Las evaluaciones de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) confirman lo anterior. México ocupa el segundo lugar en secuestros, tercer lugar en robos cometidos con violencia y quinto lugar en delitos violentos. Lo que más aterra es que podemos asumir que México es mucho más peligroso de lo refleja la ONU, ya que para esta evaluación se usaron cifras oficiales.

En lo local hay que entender las raíces y expresiones culturales de la crisis de violencia por la que atraviesa nuestra sociedad. Particularmente el núcleo familiar, que ha mostrado profundos cambios y al que no se le ha valorado desde una perspectiva global de prevención.

Otro aspecto a destacar es el de la profunda desigualdad social, fundamentalmente económica, que siempre resulta ser uno de los principales y más evidentes causales de la violencia. Lo que se agudizará con el nuevo esquema de relaciones laborales propuesto en la iniciativa preferente de Calderón.

Desafortunadamente en Querétaro, como lo refieren las cifras y estadísticas de los últimos meses, la violencia avanza. Y a esto habría que agregar las cifras del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C., que indican los delitos que no se denuncian y son denominados “Cifra negra”, y en Querétaro son del 70% (el promedio nacional es del 83%). Es decir, en Querétaro siete de cada 10 delitos no se denuncian, ni son del conocimiento de las autoridades, por lo que se encuentra pretexto al “no pasa nada”.

Pero en nada ayuda el verificar que el sistema de justicia mexicano está en crisis, al comprobar que enfrentamos índices históricos de criminalidad y violencia, y en buena medida es porque el Estado ha equivocado la estrategia.

En el caso de nuestro sistema de justicia, para comprender dónde están los retos resulta fundamental entender cuál es el proceso que sucede desde que se comete un delito hasta que se castiga o queda impune, qué instancias están involucradas y dónde están los cuellos de botella.

En ese sentido, los datos y la estadística son una herramienta indispensable para medir el desempeño de las instituciones en cada fase del proceso. Desafortunadamente, las cifras de seguridad que ofrecen las dependencias son difíciles de encontrar, obtener, compilar, comparar o sistematizar. Dado que conocer el problema es el primer paso para resolverlo, es indispensable la tarea de acopiar y procesar la información disponible para entender la inseguridad en Querétaro y en el país. Para ello la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas son el nudo gordiano.

La duda que queda es quién le pone el cascabel al gato, si en realidad es posible el trabajo conjunto de sociedad civil y gobierno en materia de acceso a la información y seguridad pública. Las autoridades no han querido abordar ni hablar al respecto por “estrategia política”, por prurito técnico ó porque no saben cómo enfrentar el problema.

La política del avestruz ante la inseguridad tendrá consecuencias para aquellos que insisten en ignorar no solamente las preocupaciones de ciudadanos, investigadores, universidades, sociedad civil, sino los mensajes de la ONU y la OCDE. El primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Y cualquiera que sea la respuesta, la inmovilidad de la sociedad civil será, sin lugar a dudas, la peor estrategia.

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