El Sindicato de Trabajadores al Servicios de los Poderes del Estado y sindicatos de varios municipios acudieron a la SCJN, para que se analicen las reformas y adiciones a la Ley de los Trabajadores de los Poderes del Estado y Municipios, por aquello de la inconstitucionalidad que vulnera derechos laborales adquiridos.

Lo advertimos en esta columna, que estos o los diputados que no votaron las reformas y adiciones se irían a la Corte para que declare la inconstitucionalidad de varios preceptos de la norma jurídica, y se enmienden los equívocos.

Francisco Domínguez busca poner orden en el tema de jubilaciones y pensiones. Ello está bien. El problema es el cómo se está haciendo. Los “juristas” equivocaron el camino y poco les importó vulnerar derechos de la clase trabajadora, derechos protegidos por la misma Constitución, de ahí el juicio de la controversia constitucional.

La fracción priísta en la legislatura prefirió la comodidad de no votar favorablemente la iniciativa el día de la sesión y cruzarse de brazos para que los burócratas se defiendan solos. Siguen olvidando que el electorado castigó al PRI por la falta de apoyo a la clase social, como aquello de RedQ, por ejemplo. Sin embargo están en tiempo procesal para ejercer el derecho e impugnar las reformas; lo cual se ve difícil, no muestran voluntad política alguna.

Por lo pronto el presidente del Colegio de Abogados Litigantes, que se ha caracterizado por apoyar al “poder en turno”, dijo que para él no hay inconstitucionalidad. Seguramente desconoce la normatividad laboral, de ahí la ignorancia de sus declaraciones; salvo que sólo sea de corte político el “espaldarazo” al gobierno, por aquello de los “apoyos institucionales” a la dirigencia que apenas el gobernador le tomó la protesta en esta semana. Tal vez esta sea la razón de su respuesta. Sin embargo este litigante nada tiene que ver en el juicio de inconstitucionalidad y hace uso de su derecho de libre expresión.

Regresando al meollo, será importante lo que hagan los diputados, una vez que sean notificados del juicio. El “parteaguas” está abierto. Muchos son los expedientes que esperan una respuesta legal de los legisladores; entre ellos están los de las y los magistrados. Si les otorgan el 100% de las pretensiones que se les han dado con la ley reformada y adicionada, podrían dejar sin efecto el juicio: sin materia; sentarán criterio para todos los demás casos, seguirán aplicando el mismo “rasero” para la clase trabajadora que labora en gobierno y municipios. Los derechos adquiridos no serán vulnerados; beneficiarán incluso a los trabajadores de sindicatos que no impugnaron las reformas.

El otro supuesto sería que apliquen a “rajatabla” las reformas publicadas el jueves. Entonces no deja sin materia el juicio y se cristaliza el criterio de ejecución, vulnerando derechos adquiridos, muchos de ellos vía contrato colectivo de los trabajadores. Los magistrados hoy prejubilados se acogerían a la justicia federal. Y al sentar criterio se vendrá la “avalancha” de juicios de aquellos que promuevan jubilación o pensión, sabrán de antemano que les aplicarán la ley injusta, nuevos criterios.

Ahora la “arena de lucha” es la cancha de la justicia en manos de la Corte. Y los ministros no siempre han dado buenos resultados, dan “bandazos” en sus criterios jurídicos y como es la última instancia de justicia nacional, no hay otro recurso que acudir a tribunales internacionales. Creo en la justicia y en la no aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna. En la lógica jurídica, en armonía con normas jurisprudenciales, los ministros deberán fallar en pro de la clase trabajadora, declarando la inconstitucionalidad de algunos artículos que rompen con la legalidad y vulneran derechos adquiridos. Y buscar otra fórmula afectiva para alcanzar el objetivo que busca el gobernador: no más abusos. Así de simple.