En México las rotativas están de luto. El pasado 23 de enero, en Tijuana, Baja California, fue asesinada la periodista Lourdes Maldonado. El crimen ocurrió a plena luz del día y la víctima incluso había pedido ayuda al Presidente. Hoy dolorosamente se ha registrado como el tercer homicidio de una periodista en lo que va del año.

De acuerdo con la organización Artículo 19, desde el año 2000 han sido asesinados 148 periodistas en México, en relación con su profesión; la propia Secretaría de Gobernación reconoce que durante el presente sexenio han sido asesinados 43 periodistas. Para dimensionar el problema hay que considerar que, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras, en 2020 fueron asesinados 50 periodistas en el resto del mundo, lo que nos convierte en el país más peligroso para ejercer el periodismo.

Hay que recordar por qué es especialmente grave que se asesine a periodistas. En toda democracia la labor informativa es fundamental: los periodistas investigan, realizan análisis crítico, cuestionan a quienes tomamos decisiones y difunden sus investigaciones para que la ciudadanía tenga información para evaluar a quienes los gobiernan. Sin ellos, sería simplemente imposible enterarse de cómo se toman las decisiones y cómo impactan en la vida cotidiana de las personas.

La labor periodística es tan indispensable para la vida democrática que quienes buscan impunidad y opacidad se vuelven sus enemigos naturales. Muchos periodistas son amenazados por integrantes del crimen organizado e incluso por políticos. Por ello, es muy importante proteger a quienes ejercen el periodismo de las amenazas: cuidarlos es también una forma de cuidar la democracia y la legalidad.

Desde 2012 existe una Ley especial para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que rigen los mecanismos de protección desde el Estado para quienes ejercen esta labor. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados, pues la incidencia de estos homicidios no ha disminuido; por el contrario, han aumentado.

Como legislador federal considero que esta situación es insostenible. En el periodo legislativo que habrá de comenzar propondré la creación de una subcomisión especial para dar seguimiento a estos casos y en la cual realicemos un diagnóstico de áreas de oportunidad y reformas necesarias para proteger mejor a los periodistas y sancionar de forma más eficiente y severa a quienes cometan delitos en su contra con motivo de su labor.

Querétaro es uno de los pocos estados de la República en donde no se han registrado asesinatos de periodistas —de acuerdo con Artículo 19— y considero que debemos replicar ese ejemplo en todo el país. No podemos aspirar a ser un país libre y justo si no protegemos a quienes hacen posible la comunicación entre gobierno y ciudadanía. Para ellas y ellos, mi reconocimiento, mi solidaridad y mi compromiso de trabajar para contener el peligro que los acecha.