En México cometer delitos es fácil y seguro. Un delincuente rara vez deberá preocuparse que una autoridad lo detenga y si hay algún detenido, suele ser en flagrancia. Es poco probable que una detención sea resultado de un proceso de investigación, y una detención tampoco garantiza una debida sanción por las deficiencias de los procesos. Por ello, la impunidad en nuestro país alcanza porcentajes del 98-99%.

¿Qué deberíamos hacer para poder mejorar esas competencias? Diseñar mejor los perfiles de policías, peritos, ministerios públicos, fiscales; mejorar salarios y prestaciones. Parece que nuestras autoridades hacen lo contrario. Este es un problema al que nadie le quiere entrar porque para gastar más hay que recaudar más y eso tiene consecuencias políticas.

Al inicio de la administración del presidente Calderón, México gastaba apenas el 0.5% del PIB en el rubro de seguridad y justicia. A mediados de ese mandato el gasto creció y se sostuvo en 1.2%. Con la llegada del presidente Peña, el gasto empezó a disminuir y la lógica de gasto cambió, destinando cada vez más recursos a las fuerzas armadas y cada vez menos a policías y procuración de justicia. Entre 2018 y 2019, el primer año del sexenio de AMLO, el gasto en seguridad disminuyó en un 10% cayendo en el 0.98% del PIB.

El promedio del gasto en esta materia de los países de la OCDE es del 3%, países que ni siquiera tienen una crisis de seguridad equiparable a la nuestra.

Es casi seguro que 2019 se confirme como el año con la mayor tasa de homicidio doloso, feminicidio, robo de negocio, trata de personas y narcomenudeo desde que estos se registran. También, será el segundo peor año en materia de extorsión , quinto peor en materia de secuestro y octavo en robo a mano armada.

Ante una crisis de violencia, el Congreso está por aprobar un aumento de recursos de apenas el 7.9% respecto a lo que se gastó este año, con lo que el total del gasto en seguridad llegará apenas al 1.06% del PIB, lo que ni siquiera alcanza para regresar a los niveles de gasto del último año del sexenio de Peña.

La lógica de gasto se mantiene igual a la que implementó el gobierno de Peña, poco a policías y procuración de justicia, mucho a fuerzas armadas, pese a que, gracias a la creación de la Guardia Nacional, se supone que estas tendrán menor participación en tareas de seguridad.

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano. @frarivasCoL