Los medios de comunicación han informado —el mes que acaba de pasar y al principio de éste— que fueron ejecutadas personas relacionadas con la política nacional o de sus estados.
Al respecto, la Fundación MEPI, dedicada al periodismo de investigación, publica datos que van desde el 2007 hasta el año pasado, colocando a Querétaro en el lugar 29 de ejecuciones, con un total de 52. El primer año citado sumó cinco; en 2011 registró 17. Chihuahua, en el mismo periodo, tiene casi 12 mil y el de menor cantidad es Tlaxcala, con 18.
El número de ejecuciones es un indicador de violencia e inseguridad internacional y ha crecido en estados asolados por el narcotráfico, con gobiernos débiles en los que la autoridad ha sido arrebatada a los políticos y mandos de seguridad locales por grupos de delincuentes; de tal manera que por vía de la violencia o la corrupción los han empujado a acciones parciales a sus intereses mafiosos y por ello los enfrentamientos entre estos grupos son cada vez más cruentos. En ocasiones, la violencia ha alcanzado a la clase política, aun cuando las víctimas sean ajenas al fenómeno delincuencial; es aquí, donde —en la experiencia de otros países— se han tomado decisiones políticas de fondo que afectan a la delincuencia y empoderan la cohesión social. Este cambio descansa en acciones que no priorizan medidas de armamento.
Hasta ahora, la dirección nacional para combatir la delincuencia en la competencia federal ha favorecido el fortalecimiento de cuerpos policiales o del ministerio público, legislaciones con mayor punición y más delitos (si bien se dieron leyes que afectaban la economía del crimen, para protección de víctimas o renovación del sistema judicial no han logrado su operación plena). Además, la estrategia fue aplicada por igual a todos los estados, tengan o no distinto escenario a Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán o Guerrero. Está claro que Querétaro, es muy diferente.
Por ello, es relevante que el gobierno federal, al mantener la voluntad de aplicar la ley a los criminales, haga distingos en la estrategia para entidades que siguen con niveles de tranquilidad aceptable, con violencia incipiente y donde la magnitud de la inseguridad está en la delincuencia local. Más aún, la tarea corresponde a las autoridades locales, estados y municipios, para que desde su gestión orienten políticas públicas diferentes al uso de la violencia legítima del estado y cambien por otras que den oportunidad al desarrollo social.
El camino ya está contemplado en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, publicada apenas el 24 de enero del presente año, con el modelo de prevención social, definido legalmente como el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan.
Esta variante estratégica es relevante considerando la cantidad de jóvenes que hay en el estado de Querétaro, pues del total de población en 2010, una tercera parte corresponde a jóvenes de 14 a 29 años de edad; es decir, los próximos 25 años, el bono demográfico presentará una relación de mayor población en edad productiva que dependiente (menores de 15 años y mayores de 60), lo que significa una gran oportunidad de implementar políticas de desarrollo con más y mejor empleo, así como formación de capital social y humano que atemperen la desigualdad social.
Trabajar en las opciones que ofrecen las dimensiones del desarrollo humano, derechos humanos y seguridad estatal, es la oportunidad para vivir como estamos acostumbrados y seguir sorprendiendo al país.
Coordinador de la Licenciatura en Ciencias de la Seguridad de la UAQ y ex procurador de Justicia
