Alguna de las personas que hoy compiten por la Presidencia de la República llegará al poder. No sé quién será ni qué habrá hecho para sentarse en la mítica Silla.

Sí sé que enfrentará a una población impaciente y que, tanto sus votantes como los que se inclinaron por otros candidatos, le exigirán resultados rápidamente. Y esa presión puede ser particularmente intensa en materia de seguridad.

Ello implica diseñar una agenda de corto plazo, a la par de medidas de transformación institucional con impacto de largo aliento. Por ahora, los equipos de campaña están más concentrados en lo segundo. Hay varias propuestas de cambios institucionales, pero casi ninguna para los meses iniciales.

Van entonces algunas ideas para el primer año de gobierno, por si alguien las quiere tomar:

1. Dar prioridad a  un subconjunto de delitos violentos: esto requiere elegir un pequeño grupo de incidentes altamente dañinos (masacres con 5 o más víctimas, asesinatos de políticos o periodistas, etcétera) y anunciar que el gobierno federal atraerá en automático esos casos, les dará prioridad absoluta y aplicará una sanción colectiva contra el grupo responsable (cuando se le identifique), además de la sanción que puedan recibir las personas directamente involucradas.

2. Dar tratamiento especial a los grupos que generen más temor: se podría anunciar que, durante el primer año de gobierno, se pondrá énfasis en la persecución del grupo que produzca más miedo entre la población, medido en encuestas de opinión que se levanten en enero de 2019 (o si no se quiere anunciar nada públicamente, transmitir el mensaje por canales discretos). Esto tendría el efecto de poner un impuesto a uno de los principales activos de los grupos criminales, su reputación de brutalidad.

3. Crear corredores carreteros seguros: viajar en carretera se ha vuelto una actividad de alto riesgo en buena parte del país, pero hay de carreteras a carreteras. Se podrían identificar  15 o 20 tramos carreteros particularmente peligrosos y reforzar la presencia de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas en esos espacios, además de promover los viajes en convoy  para el transporte de carga o instalar cámaras de vigilancia en algunos puntos particularmente riesgosos.

4. Designar dos o tres zonas urbanas para intervenciones masivas: siguiendo el modelo de Ciudad Juárez, se podrían lanzar programas amplios de pacificación en ciudades particularmente afectadas por la violencia (¿Acapulco? ¿Reynosa? ¿La Paz?). Esas intervenciones podrían incluir: a) un incremento en el número de elementos federales, b) mayores recursos para la transformación acelerada de las instituciones locales de seguridad y justicia, c) una batería de programas sociales con eficacia más o menos probada, y d) una estructura de seguimiento de la sociedad civil (similar a la Mesa de Seguridad en Ciudad Juárez), donde no exista aún.

5. Iniciar operaciones encubiertas antiextorsión: la Policía Federal u otras dependencias de seguridad podrían establecer negocios fachada en localidades y giros particularmente afectados por el cobro de “derecho de piso”. Al acercarse los extorsionadores potenciales, podrían ser detenidos. Una vez capturados, las autoridades podrían publicitar ampliamente el hecho y las circunstancias de la detención y anunciar que existen centenares de negocios similares (aunque no sea cierto). Esa medida podría tener efectos inhibitorios y reducir la incidencia del fenómeno.

Por supuesto, éstas no son ideas acabadas; son apenas esbozos que requieren varias rondas de refinamiento para volverse medianamente aplicables. Pero se me ocurre que tal vez puedan resultar útiles para alguien. Digo, la esperanza es lo último que muere.

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