Seguridad del presidente, asunto de Estado

Alfonso Zárate

Si a López Obrador le importa el país, debe entender que su seguridad y la de su familia ya no es un asunto de su sola incumbencia, sino de seguridad nacional.

En un país en el que la violencia criminal es un fenómeno que se desborda, en el que mucha gente muere porque sí, porque la impunidad ha generado una costra de malandrines que pueden hacer lo que les venga en gana y, como dioses, decidir quién vive y quién muere, hoy en México nadie está seguro, así lo mostró la brutal secuela de sangre que dejaron las recientes elecciones: más de cien políticos fueron asesinados porque los dueños de las plazas lo decidieron, porque los estorbaban o porque se les dio la gana.

Precisamente porque nadie está seguro es que, en todas las naciones (democráticas o autoritarias) se dispone de medidas extraordinarias para proteger a los jefes de Estado. Su condición de autoridad, de representantes del país y sus decisiones, dejan lastimaduras y no todos los afectados reaccionan con civilidad, incluso su visibilidad y su jerarquía, constituyen un incentivo para enfermos mentales, como los esquizofrénicos, que cumplen una misión que les ordenan voces desde el más allá. La historia está repleta de magnicidios.

Ni siquiera una guardia profesional, experimentada, apoyada en tareas de inteligencia, como el Servicio Secreto en Estados Unidos, garantiza la seguridad del presidente, pero sí reduce los riesgos.

La tarea esencial del Estado Mayor Presidencial —cuerpo que, ciertamente, ha incurrido en ostensibles excesos y crecido desproporcionadamente—, ha sido proteger al presidente, para ello ha recibido entrenamiento, establece “cinturones de seguridad”, despliega protocolos, realiza “pre-giras” que le permiten observar los riesgos que pueden implicar los lugares y las rutas por las que pasará el jefe del Estado mexicano, así como conocer la ubicación de salidas de emergencia ante un riesgo que puede ser un atentado o, incluso, un colapso físico, un quebranto repentino en la salud.

Para imaginar los impactos que puede generar un hecho de tal naturaleza, conviene recordar que el 9 de abril de 1948, hace 70 años, fue asesinado en Bogotá, Colombia, Jorge Eliécer Gaitán, fundador de la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR), un líder social cercano al pueblo y duro crítico de la corrupción de la clase gobernante. Los disparos de un sicario, según escribió Francesco Manetto, partieron en dos el destino de Colombia. La violencia que desató el magnicidio, conocida como El Bogotazo, dejó decenas, quizás cientos de muertos y anticipó el nacimiento de dos expresiones guerrilleras: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Anunciar que un grupo de 20 novatos, diez hombres y diez mujeres desarmados, se encargarán de su seguridad, es más que un desatino, una grave irresponsabilidad. Andrés Manuel no es un ciudadano cualquiera, es el presidente electo. Para colmo, suele romper los más elementales protocolos de seguridad: circula por las calles en su automóvil Jetta con el vidrio abajo, viaja en aviones comerciales, se acerca a la gente...

El miércoles 15 de agosto, EL UNIVERSAL publicó una entrevista con Polimnia Romana Sierra, quien coordinó el grupo Gacelas, entrenado en Israel, que cuidaba al entonces jefe de Gobierno del DF; Polimnia advierte: “Andrés Manuel no tiene enemigos, pero el presidente de México sí los va a tener. Uno de ellos es el narcotráfico, otro de ellos, mucho más peligroso, es la corrupción, ésta que hace hoy negocios con el gobierno y que él no lo va a permitir; él no ha sido responsable de matanzas, de desapariciones. Los padres enojados, dolidos, son mucho más peligrosos que un fanático religioso”.

Si a López Obrador le importa el país, debe entender que su seguridad y la de su familia ya no es un asunto de su sola incumbencia, sino de seguridad nacional. Está a tiempo de corregir.

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