De unos años para acá, la seguridad pública de nuestro país se ha convertido en un problema con tendencia a la alza. La combinación de tres peligrosos venenos en un mismo recipiente ha configurado un platillo mortal. Por un lado, tenemos el muy dañino clima de impunidad que existe en nuestro país, y en ese sentido, los datos son alarmantes: el 87% de los delitos no se denuncian y sólo el 1% de los denunciados se resuelve. Esta información nos muestra dos caras inquietantes de una misma moneda.

Por un lado, una ciudadanía que por diversas razones ha decidido abstenerse de denunciar hechos delictivos, y por el otro, autoridades ineficaces y/o corruptas que no han sido capaces de hacer su trabajo; agrupaciones más especialistas en falta de coordinación y en el arte de echarse la bolita unos a otros, que en temas de seguridad y protección a la ciudadanía. El resultado de este círculo vicioso se llama impunidad y constituye el ingrediente activo más favorecedor para sostener el clima de violencia e inseguridad en el que vivimos.

Cifras como ésta, animan a muchos a probar suerte en la vida delincuencial, pues no hay que hacer mucha aritmética para saber que en nuestro país un delincuente tiene 99% de probabilidades de éxito, y que bajo este esquema, México se ha convertido en un paraíso para los violadores de la ley.

Por otro lado, encontramos que durante los últimos años las condiciones para la producción de delincuentes en nuestro país son inmejorables y que muy poco se ha hecho para erradicarlas. Aquí van algunos datos: Entre 2006 y 2011 se incrementó sensiblemente el desempleo y 12.2 millones de personas cayeron en situación de pobreza. Además, se calcula que 30 mil menores han sido cooptados por la delincuencia organizada.

Bajo esta óptica, es posible concluir que la fábrica de delincuentes en México tiene todos los alicientes para incrementar su producción y que no hemos sido capaces de articular un esfuerzo conjunto y coordinado para generar oportunidades de empleo, educación, cultura y esparcimiento, que ofrezcan las mínimas condiciones de bienestar a miles de mexicanos que han optado por la puerta falsa de la vida criminal en aras de conquistar las oportunidades que, de manera artificial y efímera, ha generado la actividad delictiva.

Por último, apuntemos la falta de participación ciudadana. Y en este sentido podemos distinguir tres facetas muy importantes. La necesidad de que los ciudadanos denunciemos; la urgencia de que adoptemos una posición crítica, activa, y de presión hacia las autoridades; y la imperante necesidad de construir un esquema de confianza autoridad-ciudadano que redunde en un sistema de información testimonial, en el que los ciudadanos provean a las autoridades de información valiosa para la reducción de la violencia y la aprehensión de criminales.

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó hace unos días la estrategia que desde diversos ángulos tiene el propósito de dotar a México de la seguridad pública y la procuración de justicia que los ciudadanos demandamos. El planteamiento alude a todas las aristas del problema, y de manera concreta y precisa, propone acciones para resolver sus causas.

El catálogo es abundante y abarca acciones transversales de gobierno para la reconstrucción del tejido social, el empleo, la salud, educación; programas para el fomento al deporte y las actividades recreativas, y desde luego, la participación y organización ciudadana. Por el lado del combate a los delincuentes se hace mayor énfasis en la disminución de la violencia y la atención prioritaria a los delitos que más lastiman a la sociedad, como lo son el homicidio, el secuestro y la extorsión, y por encima de todo, un planteamiento sensato que puede hacer la enorme diferencia: El gobierno federal no va a promover que este tema se partidice. “Somos un mismo equipo” —dijo el presidente a los gobernadores de todos los partidos—, con lo que ha quedado claro que los cambios en la estrategia, en el fondo y en la forma, son de fondo.

Analista y escritor

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