La mañanera presidencial del viernes estuvo dedicada al reporte mensual sobre la situación de seguridad del país. No hubo nada nuevo: en la narrativa del gobierno, vamos muy bien en todo, salvo en materia de homicidio doloso: allí nos encontramos en una “línea de contención”, un eufemismo que sirve para no decir que todos los meses desde hace dos años acumulamos algo más de tres mil víctimas.

Pero en lo demás, la cosa marcha de maravilla. Entre los 18 delitos del fuero común incluidos en el reporte del viernes, quince han registrado durante 2020 una disminución de la incidencia (las tres excepciones son homicidio doloso, feminicidio y violencia familiar).

Las caídas son considerables. Por ejemplo, la incidencia nacional del robo en transporte público colectivo se redujo 42.6% en los primeros ocho meses de 2020 comparado con el mismo periodo de 2019. En robo a transeúnte, la caída fue de 26.7%. En robo a casa habitación, la disminución fue de 23.8%.

¿Todo bien entonces? ¿Estamos experimentando una caída en picada de la incidencia delictiva? Probablemente no:

1. Estas cifras están influenciadas por la pandemia. Con menos movilidad y menos actividad económica, se reducen los blancos potenciales para los delincuentes. Si hay menos personas en la calle, hay menos robos a transeúntes. Si hay más personas encerradas en sus hogares, hay menos robos a casa habitación. Este efecto se ve en los números: en abril, hay un desplome de 27% en las carpetas de investigación por el delito de robo en sus principales modalidades. Pero en los siguientes cuatro meses, se registró un crecimiento acelerado de los robos (+20%), producto de la normalización gradual de la vida económica y social del país.

2. Con toda probabilidad, la pandemia no sólo redujo la incidencia de los delitos, sino también el número de denuncias. Por temor al contagio, es posible que muchas más personas que de costumbre hayan omitido presentar una denuncia ante el Ministerio Público. A esto se suma el hecho de que, ante la epidemia, un buen número de fiscalías estuvieron operando a medio gas, particularmente en abril y mayo.

Más allá de los efectos de la pandemia, considerar a la caída en el número de delitos denunciados como una métrica de éxito es altamente problemático:

1. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe), elaborada anualmente por el Inegi, la llamada “cifra negra” (la proporción de delitos no denunciados) es 94%. En algunas categorías de robo, el número llega a 99%. Los delitos denunciados no son sino la punta del iceberg. Concentrarse en pequeño porcentaje dice muy poco sobre la evolución general del fenómeno. Más aún si se considera que el porcentaje de delitos denunciados no necesariamente es representativo del universo de delitos.

2. El énfasis de los altos funcionarios en la evolución de los delitos denunciados puede generar incentivos perversos en las fiscalías. Barreras a la denuncia, por ejemplo ¿Cuántas personas no han tenido la experiencia de que se les intente disuadir de presentar una denuncia en una agencia del MP? Peor aún, se genera la tentación de manipular las cifras oficiales en las fiscalías.

En resumen, no se emocionen: con toda probabilidad, cualquier disminución en la incidencia delictiva en estos meses ha sido producto de la pandemia, no de la eficacia de las autoridades. Y pandemia o no, las autoridades deberían de empezar a usar otro tipo de métricas —sobre todo encuestas de victimización, pero también registros administrativos alternativos como las llamadas al 911.

Si no, vamos a seguir como estamos, buscando falso consuelo en cifras que no dicen nada.

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