“Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras, traiciona a la patria”
Lázaro Cárdenas del Río
El pasado martes 29 el gobernador de California Edmund G. Brown advirtió a los Senadores mexicanos sobre los riesgos de abrir el mercado del petróleo y la electricidad indiscriminadamente y no regular convenientemente a las compañías petroleras. Incluso recomendó al gobierno y Congreso mexicanos “mano dura” para regular a las empresas petroleras y eléctricas que vendrán a invertir en México, porque si no “se los van a comer vivos”. Lo que desconoce el gobernador californiano es la terquedad ciega y sorda de los legisladores entreguistas, que no se han detenido ante advertencias hechas por diversos sectores sobre este riesgo. Incluso, al desoír a expertos de todo tipo, que han demostrado no sólo los peligros, sino la inviabilidad económica y social del modelo desnacionalizador.
La historia mínima de la reforma energética nos recuerda el reporte que discutió en diciembre de 2012 el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense “Oil, México, and the Transboundary Agreement” (Petróleo, México, y el Acuerdo Transfronterizo), para fijar la orientación de su política hacia México. Impresiona la fecha en que se revisó el documento, el 21 de diciembre de 2012, cuando habían transcurrido tres semanas de que Enrique Peña Nieto se había instalado en Los Pinos. El Senado norteamericano podía ya escuchar un extenso y pormenorizado informe sobre los dilemas energéticos, fiscales y políticos de México, y la forma en que los representantes de Washington podían reaccionar frente a ellos. Desde que el candidato priísta anunció en sus primeros discursos de campaña su firme voluntad para promover una reforma integral de las condiciones de la producción de energéticos del país, se desató una febril actividad en el mundo de los intereses globales, donde se multiplicaron un sinnúmero de estudios, propuestas y recomendaciones para hacer frente a la llamada crisis energética mexicana. Prácticamente participaron todos: grandes compañías petroleras, expertos académicos, la banca y los lobbies que atienden relaciones con Washington.
El reporte al Senado de Estados Unidos no deja lugar a dudas: la propuesta de reforma que Peña Nieto entregó al Congreso mexicano fue elaborada, hasta en sus más íntimos detalles, en el exterior. La posición de las compañías, que hoy, más que petroleras, son energéticas, impulsaba una reforma aún más radical en aras de capitalizar la precaria situación que ha devenido de la crisis energética local. ¿A qué se refieren todos esos documentos cuando hablan de la crisis energética de México? Entre 2003 y 2010, la producción petrolera en México descendió casi 20%. Las exploraciones de nuevos yacimientos no redundaron en los resultados esperados. Pemex, que provee la tercera parte de los ingresos fiscales de la Federación, no cuenta con el capital suficiente para restablecer la antigua capacidad de producción. De seguir con el mismo esquema, México se convertirá pronto en un país importador de petróleo. Y es ésta la situación que ha motivado el tropel de cambios que se inician en el espacio legislativo desde 2008.
El reporte al Senado de Estados Unidos es bastante claro sobre la filosofía con la que se observa la situación del petróleo en nuestro país: “México es importante para Estados Unidos porque, entre otras cosas, es un proveedor cercano y confiable de importaciones petroleras. Superado recientemente por Arabia Saudita, ha sido la segunda fuente de importaciones del crudo junto con Canadá, que ocupa el primer lugar. Sin embargo, la caída de la producción mexicana hace que las perspectivas de su producción tengan expectativas dudosas sin una reforma. Por esto, la política de seguridad energética de Washington requiere de un abastecimiento permanente del petróleo de México”. La idea no es nueva, ya que para Estados Unidos el petróleo siempre ha sido un tema de seguridad nacional. A diferencia de cualquier otro bien o mercancía, garantizar su abastecimiento ha implicado leyes especiales, instituciones específicas y el concurso del Consejo de Seguridad Nacional. Lo nuevo en la reforma de Peña Nieto es que para el Estado mexicano, el petróleo perdió el estatus de seguridad nacional. La razón es sencilla y de altísimo riesgo: lo que se pretende es transformar una institución de Estado en una empresa, como cualquier otra empresa. Con una intervención cada día más alejada del orden político. Ni se diga de las empresas extranjeras que podrían dedicarse a la exploración y la extracción. Ésta ha sido, precisamente, la exigencia central de las empresas energéticas globales para invertir en el sector. El problema grave es que cambió la relación entre el Estado y Pemex, y se entrega parte de la soberanía en aras de una promesa de eficiencia que es más que dudosa.
El cuadro es sorprendente, escuchar a representantes norteamericanos dando recetas que nunca nos imaginaríamos; ellos advirtiendo a los legisladores mexicanos y diciéndoles que la receta es vigilar, cuidar toda la regulación a las empresas petroleras privadas, porque si no “al final es el pueblo el que paga”. El lobo dando consejo a las ovejas.
Sociólogo
