El sábado venció el plazo de un año para que el Congreso de la Unión emitiera las reformas a la Ley Federal del Trabajo con el propósito, entre otros, de diseñar un procedimiento jurisdiccional completamente nuevo en materia laboral.
Esas reformas derivan de un mandato de la Constitución que se ha incumplido. Hay que denunciar esta omisión no solamente por violar la Carta Magna, sino también por el contexto en el que se produce, que es muy delicado.
México está enfrentando un vendaval económico al que necesitamos abonar la seguridad jurídica. Tenemos la inflación más alta de los años recientes, el dólar está por las nubes, hay incertidumbre por el resultado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y, por si fuera poco, la reforma fiscal en Estados Unidos nos resta puntos en la competencia por atraer inversiones extranjeras.
Frente a esas circunstancias adversas, es de más relevancia que el país mande el mensaje de que tenemos un ambiente laboral respetuoso, y que, si surge algún conflicto, será debidamente atendido.
La reforma laboral que tenemos pendiente también tiene como objetivo asegurar condiciones adecuadas de ejercicio de la libertad sindical y de la negociación colectiva. Nadie puede negar que se trata de condiciones indispensables para el desarrollo económico del país.
Lo que también es evidente es que nuestros legisladores se han burlado de nosotros al no haber avanzado un ápice, desde hace un año, en el desarrollo normativo del tema. Piense además que, una vez que sea emitida la nueva legislación, faltará capacitar a los funcionarios encargados de aplicarla, difundirla entre los sujetos involucrados (empresas, sindicatos, trabajadores en general), construir la infraestructura necesaria para que se pueda aplicar (los tribunales y salas para la nueva impartición de la justicia laboral) y un largo etcétera.
Si el tema fuera otorgarse más bonos, aumentarse el presupuesto, subirse el sueldo, repartirse cualquier prebenda o beneficiar a sus partidos políticos, los legisladores lo hubieran resuelto en menos de cinco minutos. Pero deben pensar que es poca cosa asegurar un entorno laboral marcado por la certidumbre jurídica.
En marzo vencerá el plazo que tiene el Congreso para expedir un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Se trata de otra orden relevante. En materia familiar se inician cada año más de 700 mil procedimientos judiciales y en materia civil otros 500 mil adicionales, según datos proporcionados por el Inegi en el Censo Nacional de Administración de Justicia Estatal.
Se trata, por tanto, igual que la reforma laboral, de una modificación que puede afectar a cientos de miles de mexicanos y de la que tampoco hay avances de ningún tipo. Otra muestra de la enorme irresponsabilidad y de la dejadez de nuestros “representantes populares”.
En abril vence el plazo que le fijó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso para emitir la ley que regule la publicidad oficial, luego de un largo litigio que terminó siendo resuelto por un extraordinario proyecto del ministro Arturo Zaldívar. Ya deberían de haberse dado a conocer iniciativas sobre la materia y contar con la covocatoria de foros de discusión y análisis para su enriquecimiento y mejora.
¿Es mucho pedir que los legisladores hagan a tiempo su trabajo? ¿Qué debe pasar para que pongan en primer lugar de sus agendas los temas que nos interesan a los ciudadanos y no las vergonzantes ambiciones que los guían y que sirven sólo para engordar sus carteras?
El reto de contar con una buena reforma del procedimiento laboral, expedir el nuevo código único del procedimiento civil y familiar y el acatamiento de la sentencia de la Corte sobre publicidad oficial nos permite contestar esa pregunta. De momento, lo único que han hecho es burlarse de nosotros. Son una vergüenza nacional.
Investigador de IIJ-UNAM
@MiguelCarbonell
www.centrocarbonell.mx
