El cabildeo de poderosos grupos de interés en San Luis Potosí parece marcar el paso a los partidos políticos en la definición de sus candidaturas para las principales posiciones que se disputarán este año, entre ellas la gubernatura y la alcaldía de la ciudad capital.

Una de las historias ocultas en el actual escenario político estatal, pleno de contradicciones (lo que no es lógico es metálico, dicta la máxima política), trata de una disputa protagonizada por acaudaladas familias potosinas ligadas a empresas constructoras que por décadas han depredado zonas naturales para extender hacia ellas bulevares, residencias y centros comerciales.

Una gigantesca región, calculada en 2,000 hectáreas, que se extienden sobre la sierra de San Miguelito, en el poniente capitalino -tierras comunales desde la época de la Colonia-, es la nueva apuesta de compañías constructoras familiares otrora competidoras, pero que se han aliado para este proyecto que les puede traer 30 años más de prosperidad. Entre ellas figuran apellidos de abolengo político y financiero, como los López Medina, los López Palau, los Torres Corzo y los De los Santos -estas dos últimos ya han prohijado gobernadores.

Su problema principal es que, durante una visita al estado, el presidente López Obrador fue receptivo a un reclamo para declarar zona protegida a esa extensión y un agregado mucho más grande, hasta alcanzar casi 100 mil hectáreas, esenciales para captar el agua que requiere la zona conurbada de la metrópoli potosina. La Secretaría del Medio Ambiente, que encabeza María Luisa Albores, ya tiene listo el estudio respectivo.

Para dar esa batalla, la alianza de constructoras gravitó sobre la elección de candidato de la coalición opositora liderada por el PAN y dirimida entre el alcalde capitalino, Xavier Nava, y el senador Octavio Pedroza Gaytán, uno de sus antecesores (2003-2006), cuando se ganó el mote de “el alcalde chiquito”, por ser pequeño de carácter. Los constructores se inclinaron por este último. Ya con los dados echados, la operación estuvo a cargo del dirigente estatal blanquiazul, Juan Francisco Aguilar, bajo la supervisión de su jefe político, el diputado federal Javier Azuara Zúñiga. Voces locales incluyen en el armado del pacto a un eficaz operador panista de Nuevo León, Alejandro Tamayo.

Efectivamente, Pedroza Gaytán resultó el candidato, lo que anticipó la deriva de Xavier Nava hacia Morena, que le ha ofrecido apoyar su reelección. Otros aspirantes panistas han corrido en busca de los brazos -y la billetera- de Ricardo Gallardo, el controvertido aspirante a gobernador por el Partido Verde.

El propio Morena parece haber definido un pacto con el gobierno de Juan Manuel Carreras, cuyo partido, el PRI, parece extinto a nivel local. El mandatario tiene ascendencia sobre la abanderada morenista a la gubernatura, Mónica Rangel, y un hermano del ungido panista, Daniel Pedroza, es su secretario de Finanzas.

Apuntes:

Quintana Roo tendrá una final anticipada para la candidatura de Morena a la gubernatura en 2022. La senadora Maribel Villegas, firme adversaria del gobernador, el aliancista Carlos Joaquín González, decidió participar en la elección que se dirimirá en junio próximo, por lo que disputará la postulación morenista para Benito Juárez-Cancún a la actual titular, Mara Lezama, quien busca reelegirse. La debilidad del lado opositor hará de Joaquín González casi un espectador, como lo demuestra que ha lanzado en pos de ese municipio, joya de la corona, a perfiles menores, entre ellos su vocero, Carlos Orvañanos, un panista de la Ciudad de México. La principal liga de éste con Cancún parece ser que ha manejado la concesión de venta de cerveza en el estadio “Andrés Quintana Roo”.

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