Entre los próximos 19 y 22 de enero se llevará a cabo, teniendo como sede a la Universidad Autónoma de Querétaro, el Primer Congreso Internacional sobre Salud Mental, Discapacidad Psicosocial y No Discriminación. Este encuentro entre especialistas, ciudadanos y ciudadanas interesados en el tema es convocado de manera conjunta por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, la Universidad Autónoma de Querétaro y el Municipio de Querétaro, a través del Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Desde el INMUPRED, visualizamos a este Congreso como la primera piedra de un proceso que queremos lleve al ejercicio de todos los derechos por parte de todas las personas que viven con alguna de las formas de discapacidad psicosocial, sea la depresión, la esquizofrenia, el autismo o alguna otra de las condiciones que en el pasado –y con un tono discriminatorio– nombrábamos como enfermedades mentales.
Hoy sabemos que lo que enferma es el contexto de vulneración y desigualdad que experimentan estas personas y sus familias, y no la propia condición de discapacidad psicosocial. Un enfoque como éste –el así llamado modelo social de la discapacidad y que se plasma de manera privilegiada en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad– nos hace conscientes de nuestras responsabilidades como gobierno y sociedad para garantizar el derecho a la no discriminación en el caso de las personas que viven con discapacidad psicosocial.
Entre éstas, se encuentra la existencia de servicios de atención psicológica y psiquiátrica primaria, campañas de prevención de las afecciones a la salud mental, la existencia de hospitales y médicos suficientes para atender este fenómeno creciente entre la población, así como el desmontaje de una cultura de la violencia y la discriminación que nos hace avergonzarnos de aquellas personas –familiares o amigos– que se revelan con algún tipo de depresión o condición similar. Lo más grave, como ocurre con muchas formas de la desigualdad, es que la discriminación en este caso inicia por la introyección de prejuicios y estigmas acerca de la enfermedad, y son estos los que hacen que las personas se sientan avergonzadas de sentirse tristes o deprimidas, que no acudan al médico o lo externen, y entonces aparecen los cuadros graves de afecciones a la salud mental.
Nuestro Congreso se integra por varias mesas de trabajo. Una primera se refiere a la pregunta básica acerca de por qué la salud mental debe enfocarse desde la perspectiva de los derechos humanos.
Esto podría parecer muy obvio, pero no lo es tanto si pensamos en que los derechos generan obligaciones y responsabilidades para proteger la dignidad e integridad de las personas bajo cualquier circunstancia, pero esto todavía no ocurre el día de hoy en el caso de las personas con discapacidad psicosocial –y una muestra son las historias de terror que hemos escuchado, por ejemplo, que ocurren en algunas instituciones privadas para el control y atención de las adicciones.
Una segunda mesa trata de la manera en que la perspectiva de género puede incidir sobre el tema de la salud mental y la violencia hacia las mujeres, considerando que quienes son incapaces de romper los círculos de violencia, muchas veces lo hacen a causa de cuadros severos de depresión o la existencia de entornos que dificultan el ejercicio de la voluntad y libertad de las propias mujeres.
Una tercera mesa de trabajo en el Congreso trata sobre el tema de la capacidad jurídica y la manera en que las propias personas con discapacidad y las organizaciones que la integran pueden acceder a un modelo de gestión de los derechos como la que se deriva de la Convención de Naciones Unidas en la materia. Es decir, nos importa romper el mito acerca de que quienes viven con alguna discapacidad psicosocial no pueden ejercer sus derechos con propiedad o que siempre necesitan de alguien mas que exprese su voluntad.
Es cierto que algunas afecciones a la salud mental –como la esquizofrenia aguda o el autismo– requieren que una tercera persona tome la decisión acerca de la institucionalización o el sentido del tratamiento, pero también es verdad que esto no significa que se les arrebate a ellas su dignidad y libertad de manera permanente. Cualquier forma de acompañamiento, tratamiento médico o comunidad terapéutica, tiene que tener como objetivo respetar la dignidad y devolver la autonomía –en la medida de lo posible– a la persona en cuestión.
Y decidimos también incluir en este Congreso, dos mesas más acerca de problemáticas que están emergiendo en nuestro municipio. Se trata del suicidio y de las adicciones, ambos fenómenos nocivos que se están concentrando en nuestras poblaciones jóvenes. Las demandas de la vida moderna, la falta de una cultura de la paz social y la falta de oportunidades están generando cada vez mas suicidios y adicciones entre nuestros muchachos y muchachas. Y no les podemos simplemente criminalizar o achacar sus problemas a la debilidad o falta de voluntad. Debemos ser capaces de observar estas problemáticas desde la perspectiva de los derechos de las víctimas, para entender que ellos y ellas no son criminales, sino personas necesitadas de comprensión y apoyos para la prevención y no reincidencia en las adicciones; o, en el caso del suicidio, reconocer los síntomas de depresión que lo prefiguran y la manera de desactivarlos.
Las mesas de trabajo están puestas, las y los especialistas están dispuestos para el diálogo. Solo nos resta encontrarnos en los espacios de este Congreso para discutir todos y todas acerca de la mejor manera de garantizar el derecho a la salud mental en nuestras casas, escuelas, lugares de trabajo y en el conjunto del municipio de Querétaro.
