Todos coincidimos en la necesidad de que en México mejoren los salarios mínimos. Nadie puede cuestionar el imperativo constitucional de que el salario mínimo debe ser remunerador y justo para que la persona acceda a los satisfactores básicos que le permitan una vida digna. Es conveniente traer a la discusión este tema y no dejarlo sólo a las elites, a los especialistas o los círculos académicos o políticos.

En primer lugar, la consulta que propone Gustavo Madero, líder nacional Partido Acción Nacional (PAN), de preguntar a las personas si desean elevar el salario es innecesaria. Todos a quienes se les pregunte, exceptuando tal vez a las minorías privilegiadas —por cierto creadas por las políticas económicas instrumentadas por el PAN y el PRI en las últimas décadas— van a contestar de forma afirmativa, eso es lógico. Lo interesante es ver si la consulta es vinculante y tendría bases económicas para dar respuesta al incremento por decreto de los salarios, la respuesta es: no. Eso lo saben los proponentes tanto Madero como Miguel Ángel Mancera. Es decir, la consulta sobre el salario sería un engaño a la población, eso hay que exhibirlo y se llama populismo.

En segundo lugar, existe la postura negativa de parte del gobierno federal y del sector empresarial de no entrar a esta discusión del tema de los salarios, asumiendo que un incremento tendría, per se, efectos inflacionarios para el conjunto de la economía. También se adujo como pretexto de que el cálculo de multas e inclusive pago de derechos y hasta la financiación de partidos descansaba en la unidad de salarios mínimos y que ello implicaba un problema adicional.

La postura gubernamental descansa en la premisa de que hace treinta años se hizo un incremento por decreto causando efectos desastrosos para la economía de cada una de las familias al incrementarse de forma exagerada el precio de los productos básicos y haciendo más precaria la situación de la clase trabajadora. Eso también es refugiarse en una presunta ortodoxia económica para no hacer nada y es el otro extremo que es inaceptable.

México necesita incrementar los ingresos de la población y una de sus bases debe ser la productividad y la equidad social. Es decir, sabemos el costo del límite por encima del cual una persona y su familia sufren económicamente. Eso ni puede ser materia de consulta ni de una postura de autoritarismo económico por parte del gobierno y del sector privado. Refugiarse como la hace el populismo o el neoliberalismo en posturas que esconden más fines electorales debe ser exhibido para no dejar que la población sea engañada.

Tampoco las posturas gubernamentales ni de Madero y Mancera tienen soporte fáctico a la luz de la experiencia en otras naciones. Ni Uruguay, ni Venezuela son equiparables a México con respecto a los incrementos de los salarios. Ni es homologable el caso de México con Alemania, donde se ha introducido el salario mínimo profesional que inicia el mes siguiente como un logro de la agenda de izquierda, pero después de una disciplina económica férrea que le ha permitido dominar las líneas de la política europea. Churchill y Kennedy, en sus épocas en Inglaterra y Estados Unidos, tuvieron la osadía de cuestionar los dogmas económicos dominantes que gobernaban el pensamiento de su tiempo e introdujeron el salario mínimo. Pero no olvidemos que lo hicieron como parte de una Revolución Económica, que siguió al New Deal con la Nueva Frontera y a la Segunda Guerra Mundial, que trajo un nuevo reparto del mundo.

La evidencia del pasado en nuestro país tampoco sirve a Madero y Mancera ni menos al gobierno ni al sector empresarial, con el populismo que nos llevó al desastre económico y político.

Debemos ver hacia adelante, pensar en un nuevo reparto de la riqueza empezando por distribuir el poder político que es el que condiciona, limita o potencia el reparto de la riqueza salarial. En el caso de Querétaro empezando por cambios tan modestos como hacer que cambien la zona económica a la que pertenecemos para que, con consulta o sin ella, los queretanos mejoren sus salarios. El cambio de los salarios sin el consenso de las partes es una ilusión electoral y no se debe permitir haya o no elecciones.

Abogado